A más tardar, el 6 de agosto se debe dictar sentencia por la denuncia contra el alcalde de La Serena, presentada por un grupo de concejales que lo acusa de notable abandono de deberes. El edil podría ser absuelto o bien sancionado con su destitución, debiendo dejar el cargo de manera inmediata, o una suspensión, donde tiene la posibilidad de apelar y mantenerse en el puesto hasta que se tome la determinación definitiva. Si ésta es negativa y llega antes del 6 de diciembre, la autoridad comunal por tres periodos saldría por la puerta chica.

En abril de 2022, un grupo de concejales de La Serena presentó una grave denuncia, que tenía incluso como consecuencia destituir al alcalde Roberto Jacob. El requerimiento se hizo ante el Tribunal Electoral Regional y el principal argumento era un eventual abandono de deberes por el edil y faltas a la probidad administrativa.

Las imputaciones se basan en el informe que entregó Contraloría por la deuda previsional que mantiene la Corporación Gabriel González Videla con los funcionarios, las irregularidades y falta de información entregada por el municipio. Presentaron este requerimiento Daniela Molina, Rayen Pojomovsky, Camilo Araya y Daniel Palominos.

Un largo camino

Así el procesó ha ido avanzando y el edil ha tenido que declarar para defenderse, asesorado por sus abogados, uno de ellos Isidro Solís, quien siempre ha fundamentado respecto a la inocencia de Jacob y que los problemas que se le atribuyen, «son bastante estructurales en el sistema educacional chileno, ya que la enseñanza municipalizada ha sido siempre un área deficitaria (…) El Estado no solamente no proporciona los fondos suficientes para el pago de todo el costo que implica el sistema, sino que además le ha ido progresivamente entregando a las municipalidades mayores responsabilidades para las cuales no hay financiamiento y, por lo tanto, se han producido estos déficits», manifestaba el jurista en las primeras audiencias.

Pasaron muchas cosas, escándalo en el departamento de Salud Municipal de por medio, pero este caso había estado ahí, a la espera de que algún órgano oficial se pronunciara. Y así fue, ya que finalmente el TER (Tribunal Electoral Regional) emitió el 19 de julio un documento donde «avisa» que para el 6 de agosto estará lista la resolución de la denuncia contra Jacob. Esta fecha (6 de agosto) eso sí, se refiere a un plazo perentorio, ya que según señala el abogado de los concejales, podrían pronunciarse en cualquier momento, sancionando o absolviendo al edil.

Expectantes

Para una de las denunciantes, Rayen Pojomovsky, fue toda una sorpresa el recibir la fecha límite en la que se dictaría la sentencia, ya que había pasado bastante tiempo. «Nosotros esperamos que este plazo se respete, porque a veces varían estos tiempos, pero confiamos en la justicia», dice la concejala.

De todas formas, pone el acento en que lo más probable es que no quede resuelto todo ese día, ya que ambas partes pueden interponer los recursos que la ley posibilita. «Ya con la sentencia se analizan los escenarios. Nosotros podemos apelar, porque la denuncia la presentamos para la destitución, y por supuesto él también puede presentar algún tipo de recurso», expresó, remarcando que la acción, «tiene que ver específicamente con lo que vive la Corporación Gabriel González Videla en relación a la deuda existente con los trabajadores del departamento de Educación».

Implicancias

El abogado Ricardo Sacaan explica los alcances de la denuncia y a lo que está expuesto el alcalde de La Serena dependiendo de la sentencia.

«Ya existe un plazo, que es el día seis de agosto, esa es la fecha límite para que se dicte la sentencia. Esta responde al requerimiento que se hizo en el TER, que pretende la destitución del alcalde por notable abandono de deberes, los que consisten en no declarar ni pagar cotizaciones previsionales a los funcionarios de la Corporación municipal, lo que quedó claro en el informe de Contraloría. En segundo lugar, el edil no le rendía cuentas al concejo de manera trimestral respecto al estado de pago de las cotizaciones de los funcionarios. Y como tercer hecho, el edil debe rendir cuentas anualmente, pero omitía la situación de la deuda de Salud y Educación de la Corporación», refiere el experto.

Por estos cargos, según Sacaan, es posible una destitución, pero también existen otros escenarios, como puede ser que lo absuelvan, y, de ser condenado, las opciones son la destitución, como ya se ha dicho, o la suspensión con rebaja de sueldo, algo similar a lo que ocurre con la Gobernadora regional Krist Naranjo.

¿Sin cumplir mandato?

En el peor de los casos, Jacob podría ser destituido y no terminar su mandato luego de tres periodos y doce años en el cargo, ya que este «castigo» implica la salida inmediata, pero si fuese sancionado con la suspensión, podría apelar y mantenerse en su puesto hasta que estén los resultados del recurso. Lo que demore en resolverse es indeterminado, por lo que, de ser declarado culpable, el edil corre sí o sí el riesgo de irse por la puerta chica del municipio, para que esto no ocurra, el tema debiese resolverse, y a su favor, antes del 6 de diciembre de 2024, que es la fecha en que asumen los nuevos ediles.

Cabe señalar que el acalde de La Serena, Roberto Jacob, siempre se ha declarado inocente de estos cargos, y consultado en esta oportunidad, prefirió no referirse el tema y al igual que todo el proceso, esperará cada una de las etapas.

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