Luego de la muerte de dos internos en la cárcel de Huachalalume el pasado domingo, uno por suicidio y el otro producto de una riña, la Brigada de Homicidios de la PDI hace su trabajo investigativo mientras en los funcionarios y población penal expresan inquietud.
Para el presidente regional de la Asociación de Funcionarios de Gendarmería, Jaime Pereira, «hay diversas irregularidades en el penal», lo que hace difícil el trabajo de los gendarmes, uno de ellos es la cantidad de la población.
«El tema de las riñas viene por un aumento considerable de la población. Casi el 85% de los internos son de la zona metropolitana. Al día de hoy también tenemos conocimiento de parte del Director Regional que nos llegan 330 internos más. Esto genera que no haya una sana convivencia», explicó el dirigente.
Pereira señaló que han dejado de manifiesto – y se lo han hecho presente tanto al Director Regional, al Seremi de Justicia y al Director Nacional de Gendarmería-, «la mala administración de parte de la jefatura sobre estos temas de inseguridad que también tenemos nosotros como funcionarios y los internos».
En estos días, dice, los funcionarios están siendo más agredidos, la población está más conflictiva, principalmente los internos que vienen desde Santiago a cumplir condena a Huachalalume. «Ellos no solo nos generan un peligro a nosotros, sino un peligro a la sociedad, ya que incluso, estas familias de estos internos se están radicando acá en la zona».
Pereira precisó que no hay una sobrepoblación, ya que el número existente estaría dentro de los estándares permitidos para ese espacio. Actualmente, hay aproximadamente 1.890 reclusos.
«El tema es que si nosotros pasamos los 2.300 internos, el Estado chileno va a tener que pagar alrededor de 100 UTM diarias al concesionario, si nos pasamos en un interno. Al concesionario le da lo mismo, está ganando plata. En una cárcel concesionada y el Estado paga alrededor de 600 mil pesos por interno, al concesionario.
Como gremio, agrega, estamos en contra de toda esta, digamos, irregularidad que ocurre dentro del penal. Es cierto que hemos tenido dos o tres funcionarios que han sido detenidos y que están cumpliendo penas por la justicia, otros han sido desvinculados del servicio, lo cual en un congreso nacional, votamos cien por ciento la parcialidad de los dirigentes de no dar a lugar defender estos casos»…
Pereira advierte que «el ingreso a las visitas es altamente conflictivo, ya que las máquinas que tienen que operador no están funcionando (para controlar el ingreso) y la mantención de una máquina cuesta alrededor de 150 mil a 200 mil pesos, que no la van a arreglar de un día para otro».
