El inesperado y polémico despido de la distinguida profesora Margarita General, quien por su trayectoria es reconocida como un personaje de Coquimbo, causó en efecto un duro golpe en la opinión pública así como en la honra de ella misma.
Dedicada toda su vida a la educación, con estudios en varias universidades, eligió en su momento el peor colegio hasta que logró sacarlo adelante, logró un nuevo edificio, un bus, computadores, becas y, lo mejor, cambió la mirada de los estudiantes y de todo el barrio.
La directora del colegio Juan Pablo II fue despedida sin más en noviembre del año pasado. Como lo consideró muy injusto, acudió a la justicia para un juicio por tutela laboral en contra del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Puerto Cordillera.
Tras meses de litigio, el Juzgado del Trabajo de La Serena emitió sentencia del caso, condenando al organismo a pagar la suma de $ 58 millones y fracción a la demandante.
El abogado de la docente, Rodrigo Valdivia Briceño, señaló que la conclusión más significativa del fallo es que «se reconoce que sí existió discriminación».
La destacada maestra, quién contaba con 20 años de experiencia haciendo clases en escuelas vulnerables de la región, denunciaba vulneración de derechos fundamentales tras ser sacada a fines del año 2021 de la dirección de la escuela Juan Pablo II del sector Parte Alta, sin razón que lo justificara.
Otros puntos que llamaban la atención en esta denuncia, de la cual tomó parte el Colegio de Profesores, daban cuenta de una presunta persecución contra Margarita, quién fue enviada incluso a un establecimiento rural a modo de castigo, expresaba el jurídico. Y no es que a la mujer se la haya caído el pelo por ir a Los Peñones, dice, solo que la decisión evidenciaba el supuesto ataque personal contra Margarita General.
Mientras que la defensa de SLEP argumentaba en audiencia que la profesional no habría seguido los lineamientos del organismo y que por eso fue removida.
«Era lo que esperábamos debido a lo que significaba este despido injusto. La importancia de este caso se debe a que la trayectoria de los funcionarios de la educación pesa, y debe pesar siempre, no pueden ser víctimas de discriminación como la que sufrió doña Margarita, y menos aislamiento por no seguir con las políticas direccionales de su empleador, que en este caso fue el Servicio Local de Educación Puerto Cordillera».
Cuenta que la relevancia regional es significativa con la condena conocida en las últimas horas de la jornada del jueves. Apoderados se sumaron a la campaña que habían iniciado los mismos alumnos, que reclamaban por la salida de Margarita del recinto de la Parte Alta. Hasta el alcalde Alí Manouchehri se metió en las protestas. Igualmente, Tomás Alvarado, presidente de la comunal de profesores porteños, esbozaba lo importante de esta demanda considerando la realidad del gremio en la zona.
Con la resolución favorable para su representada, el abogado afirmó que «queda acreditado en el proceso que tanto la directora ejecutiva como la directora de SLEP vulneraron no solo a Margarita, sino que a otros funcionarios que fueron testigos del caso y que hoy están siendo perseguidos por haber participado de este juicio»
En ese contexto es que se informó sobre la condena contra SLEP de 58 millones de pesos y fracción, que se dividen en dos pagos de 24 millones por vulneración de derechos fundamentales por tutela laboral, discriminación, y años de servicio. Además de otros 10 millones de pesos por daño moral.
El caso se expuso altamente a la opinión publica. La maestra acusó en su momento que la apuraban para jubilarse. La destacada profesora, que había liderado proyectos educativos en sus más de 20 años de trayectoria en La Herradura, Tierras Blancas, El Llano y el centro de Coquimbo, fue removida de sus funciones quedando un mes para que finalizara el año. Con ello la maestra se perdió las ceremonias de licenciatura de alumnos de octavo básico y cuarto medio, lo que generó el rechazo de los padres.
Han sido los mismos apoderados del colegio los que incluso señalaron presuntas represalias contra algunas de las obras que dejó Margarita en el colegio, como la suspensión de un bus de acercamiento a los alumnos prioritarios. La denuncia sería que, tras el despido de la directora, habrían cancelado el funcionamiento del medio de transporte.
Cabe destacar que Margarita General es una educadora de 65 años de edad que se ha destacado por sus reconocimientos. Es muy querida por la comunidad y la sociedad coquimbana. Presidenta de Rotary de Coquimbo, con cercanía a la Embajada de Polonia y al propio Vaticano, por convenios y actividades para el colegio que lideró hasta el año pasado, instalado en un barrio vulnerable y complejo de la zona poniente de la Parte Alta.
Había sido líder de este proyecto educativo desde sus orígenes. En ese contexto, dirigentes del gremio estimaron que Servicio Local Puerto Cordillera habría tomado una medida «apresurada» contra la docente.
En 1977 comenzaba a cimentar su carrera profesional con la obtención de su título universitario en la prestigiosa Universidad de Chile. Mismo año donde saca el grado de Administradora y Supervisora Educacional en la ULS. En 1988 logra el grado de Licenciado en Educación en la Universidad Mayor.
