En una audiencia celebrada esta semana en el Tribunal de Garantía de Illapel, se concluyó el procedimiento judicial contra el alcalde de Salamanca, Gerardo Rojas Escudero, por falta de suficientes antecedentes que fundamenten una acusación en su contra. La causa, que se remonta a abril de 2018, fue iniciada tras una querella presentada por la abogada Vinka Pusic en representación de la municipalidad de Salamanca, acusando al edil de malversación de caudales públicos.
Durante el proceso, el concejal Omar Álamos Calderón presentó una querella adicional, aportando más antecedentes que incluían presuntos casos de uso indebido de tarjetas de crédito, gastos no justificados por cerca de seis mil millones de pesos y dineros faltantes del convenio Viva Salamanca.
Tras años de investigación, el tribunal comunicó al alcalde Rojas Escudero la decisión de cerrar la investigación, debido a la insuficiencia de pruebas para sostener los cargos imputados. El alcalde expresó su satisfacción por esta determinación: «Estamos muy contentos, porque después de largos años de investigación ahora es oficial. Ya quedó sancionado por el tribunal, por la Fiscalía, por todas las partes, de que se decidió no perseverar».
En declaraciones a la prensa, Rojas Escudero criticó la politización del caso y llamó a separar la política de la judicialización: «Dejemos de hacer política desde la judicialización. Si hay que denunciar, hay que hacer que se hagan las denuncias». Además no descartó tomar acciones legales contra quienes lo acusaron.
Por su parte, el concejal Álamos, uno de los querellantes, expresó su desacuerdo con el fallo, pero afirmó que respetará la decisión de tribunales. Criticó que, en su opinión, no se realizó una investigación exhaustiva: «Yo creo que faltó una investigación más detallada del Ministerio Público».
Se intentó obtener la versión de la abogada Vinka Pusic, representante inicial de la municipalidad en el caso, pero sin éxito.
El alcalde Gerardo Rojas, por su parte, está evaluando la posibilidad de presentar acciones legales contra los que lo acusaron, mientras que el concejal Álamos espera reunirse con sus abogados para considerar la opción de apelar esta decisión judicial.
Este cierre marca un hito en un proceso que ha involucrado a importantes figuras políticas y judiciales en la región, generando amplio debate y controversia en la comunidad salamanquina.