Reclamación hecha por el abogado de Naranjo, Isidro Solís, ante la Corte Suprema, sería una estrategia para dilatar que se ejecute lo ratificado por el máximo tribunal, ya que plantea la duda respecto a qué institución obligaría a Krist a dar curso a su castigo. Si llegara a ocurrir que no hay claridad en relación a si debiese ser Contraloría o el Tricel, el proceso podría dilatarse tanto que llegue el fin del mandato y no haya respuestas, por lo que no tengamos suspensión en este periodo y siga presentándose a trabajar.
Desde que se conoció la resolución final de la Corte Suprema respecto de la suspensión de dos meses del cargo, con la mitad del goce de sueldo. Esto por la mala utilización de un vehículo fiscal por parte de la autoridad, la contingencia ha estado marcada en torno a ella, ya que en el marco de una gestión llena de controversias, la autoridad nunca había sido «castigada», pese a las múltiples denuncias que pesan en su contra, que van desde el maltrato laboral hasta la extorsión.
No se da por aludida
El dictamen, apelado por la gobernadora tras una determinación a nivel administrativo por parte de la Contralaría, fue ratificado por el máximo tribunal, pero favoreciendo a Naranjo en lo que tiene que ver con el tiempo del cese de funciones, que bajó de tres a dos meses.
Pese a que la información es de público conocimiento y el abogado representante de Krist Naranjo, Isidro Solís, ya fue notificado de la resolución, la gobernadora no se da por aludida, y en una acción que sorprendió a todos, la mañana de ayer se presentó a trabajar, aludiendo que ella de manera personal no ha recibido la notificación.
Consultada, la abogada magíster en derecho público de la Universidad Católica del Norte y Académica UCEN Coquimbo, María José Lira, manifestó que si bien Naranjo no está incurriendo en ningún tipo de delito o infracción al no efectuar lo resuelto y ya ratificado por la Corte Suprema, se podría cuestionar desde el punto de vista del respeto a las instituciones.
«Ella puede presentarse porque, de hecho, existe una reclamación de por medio, que podría dilatar el cumplimiento de lo sancionado, pero sí uno esperaría que, en este contexto, si bien se pueden utilizar algunas estrategias jurídicas, las autoridades fueran las primeras en respetar lo que determina una institución tan importante como la Suprema», sostuvo la académica.
Dilatar el proceso
Pese a que el fallo de la Suprema no puede cambiar en el fondo, según explica Lira, por lo que no cabía ninguno que pudiese anular la sanción, el representante de Naranjo sí presentó una reclamación, la que como efecto inmediato dilata el que se cumpla lo resuelto.
En la acción, lo que plantea Solís es que tiene dudas respecto a quién le debe responder en relación a lo dispuesto. «Es decir, el abogado plantea que él no va a cumplir solo lo dictaminado, entonces se pregunta ‘quién me obliga a cumplir», puntualiza Lira.
A partir de la reclamación, pueden devenir dos escenarios. Primero, el que la Corte responda en un tiempo prudente y luego de ello se ejecute de manera obligatoria la sanción, y la Gobernadora se deba retirar temporalmente en las próximas semanas o un mes. Esto ocurría si, por ejemplo, se determina que es Contraloría la que debe jugar el rol de fiscalizar y hacer cumplir con la sanción administrativa.
Pero, por otra parte, puede suceder que el máximo tribunal también tenga algún tipo de duda respecto de lo consultado a través de la reclamación, ya que, eventualmente, se podría analizar la teoría de que los que tienen que velar porque el fallo se ejecute sea el Tricel.
En este caso la Corte Suprema podría suspender la sanción, y a esta línea podrían apuntar las intenciones de Naranjo, ya que aquí la demora es mucho más larga y se podría dar la situación de que la gobernadora, mientras todo se resuelve, termine con su mandato y no llegue jamás a cumplir, en este periodo, con su castigo.
