Aunque sigue en pie la idea de terminar el contrato por no pago de arriendo, se podría considerar un nuevo acuerdo si se paga lo adeudado, se retira la querella y se ofrecen disculpas púbicas.
Por: Juan I. Herrera Carreño
A poco más de dos semanas del destape de la problemática legal que ronda al Teatro Centenario de La Serena, Luis Retamal, dueño de Alta Cruz Inversiones, empresa que subarrienda el recinto al actual administrador del mismo, responde a las acusaciones públicas que han emanado de Sebastián Bravo, representante de Teatro Centenario SpA, las que a su criterio son sesgadas.
En primera instancia, rechaza la información divulgada por Bravo, asegurando que la finalidad del conflicto sería quitar el valor cultural del espacio en pos de concretar un trato comercial enfocado en el beneficio económico.
«Nos gustaría que no quedara ninguna duda de que nuestro compromiso, tanto con el arzobispado como con la comunidad, es de mantener ese espacio para un fin cultural».
Precisamente con esa idea, sostiene su total apertura a que «cualquier organización o empresa que se acerque a nosotros, que nos presente un proyecto creíble, serio, para poder evaluarlo dentro de los potenciales futuros operadores».
Posibilidades
Con dicha postura, asegura que ya se manejan dos posibles proyectos, de los cuales no revelará quiénes son los oferentes, pero sí adelanta que ambos están ligados a la labor cultural que por tantos años ha identificado al recinto.
«Una de ellas es un operador que mantendría las características del teatro muy similares a como son ahora y el otro operador tiene más bien una característica multifuncional con destino principal, el uso cultural», asegura.
A su vez, de manera inesperada, explica que hay apertura incluso a recibir como oferente a Sebastián Bravo, «en la medida que rectifique su conducta».
Según explica, esto no significa que el proceso judicial en curso se suspenda, ya que confía en que los tribunales le den la razón, de manera que se dé por terminado el contrato actual para iniciar la búsqueda de nuevas ofertas. Es en ese punto en que Bravo podría recuperar la administración del teatro cumpliendo ciertos requisitos.
«Creemos que es necesario el pago de los compromisos, el retiro de la querella y disculpas públicas por todas las injurias y cosas que se han dicho de nosotros que no son ciertas», acciones que, asegura, podrían recuperar la confianza entre ambas partes.
¿Beneficio económico?
Siguiendo la línea del rechazo a las acusaciones de boicot al proyecto de Bravo, reitera que el fin de Alta Cruz es buscar el éxito de sus clientes, lo que considera lógico para su modelo de negocio de arriendo de espacios.
A su vez, en concordancia con el interés que expone Retamal de mantener el valor cultural en el teatro, desmiente otra de las acusaciones de Bravo, sobre la búsqueda de un negocio más rentable en cuanto al valor del arriendo del inmueble.
«Las rentas que nosotros entendemos que puede pagar la cultura son infinitamente menores y estamos disponibles para sacrificar nuestros ingresos y entregar precios que sean accesibles para uso cultural».
Aludiendo a que se dispondría de un valor por debajo del promedio para locales del centro de La Serena, que según explica, ronda entre las 1 y 2 UF el metro cuadrado.
Si bien los detalles se verían en cada caso particular, asegura que «es evidente que en términos generales los precios son un traje a la medida para una actividad cultural».
En tanto, el 17 de marzo se realizará la audiencia de la demanda civil de término de arriendo por no pago de arriendo en el Segundo Juzgado de Letras de La Serena.
