Informe entregado por el ente contralor respecto a la entrega de licencias de conducir para deudores de pensión de alimento, sigue sacando esquirlas en la región. Municipio serenense espera tomar las medidas administrativas y legales y en Ovalle harán un procedimiento disciplinario.
Por René Martínez Rojas
A raíz del informe de la Contraloría General de la República (CGR) que detalló varias infracciones por parte de las municipalidades al revisar el otorgamiento de licencias de conducir a personas deudoras de pensión alimenticia, en la región continúan las reacciones ante lo que se considera una lamentable seguidilla de errores.
Cabe destacar que el hecho de entregar la renovación o una licencia de conducir nueva a un deudor está prohibido por la ley N° 21.389 que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos desde 2022.
De acuerdo a la CGR, 10 de las 15 municipalidades de la zona han entregado el documento, aunque como dato, la comuna de Paihuano no se encuentra en el informe, pero es porque como municipio no entregan este documento.
Las casas edilicias con mayor despacho de licencias en la región son La Serena (114), Ovalle (30), Coquimbo (24), Salamanca (21), Monte Patria (10), Los Vilos (8), Punitaqui (8), Combarbalá (4), Canela (1) e Illapel (1).
Desde el municipio de La Serena, su alcaldesa Daniela Norambuena comentó que, si bien Contraloría publicó esta información a través de los medios de comunicación –el jueves de la semana pasada-, «no ha proporcionado la información oficial sobre quiénes son las 114 personas a las cuales se les habría entregado licencias de conducir en el periodo 2022 – 2024. Entre esas fechas la municipalidad entregó 35 mil licencias».
Agrega que si logran determinar quiénes son esas personas «podremos fiscalizar si el proceso se realizó de forma irregular o no y sabremos quiénes o qué funcionario realizó dicho trámite. Por esto, oficiaremos a Contraloría para que disponga de toda la información al municipio, que nos permita tomar las medidas administrativas y legales que sean necesarias».
En el municipio de Ovalle indicaron que se realizará un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades, además de adoptar todas las medidas que en derecho correspondan.
Informan que el ente contralor ya emitió las orientaciones para la renovación y obtención de los permisos de circulación 2025 y el alcalde (Héctor Vega) ha instruido el estricto cumplimiento de éstas, sin excepciones de ningún tipo.
Reforzar el trabajo
Uno de los servicios que más ha expresado su molestia es la Seremía de la Mujer y Equidad de Género, donde han señalado que por mucho tiempo se ha trabajado arduamente en la difusión de la Ley de pago efectivo de pensiones de alimentos, incluso fiscalizando su implementación, por lo que seguirán cautelando su cumplimiento.
Al respecto, la seremi Camila Sabando lamentó «profundamente que se hayan entregado licencias de conducir a deudores de pensiones de alimentos, contraviniendo lo que dice la ley. Estamos sin duda como ministerio y seremía muy preocupados por aquello y, por lo mismo, vamos a seguir difundiendo la norma con las instituciones y los municipios para que de esta manera se pueda cumplir la ley y el pago efectivo de pensiones de alimento sea una realidad en la región de Coquimbo».
Si bien ahora es responsabilidad de cada municipio investigar la responsabilidad, admiten que es preocupante que se reporte que al menos 242 municipios en todo el país hayan entregado el documento.
«Es una situación que nos tiene bastante preocupados y ocupados, por lo mismo, vamos a seguir trabajando para contribuir a que las instituciones puedan colaborar en este sentido en el cumplimiento de lo que la ley indica».
Respecto a cómo se podría evitar nuevamente, explica que una de las maneras «es difundiendo la norma, entregando las herramientas necesarias para que así sea y dialogando con los municipios para que se pueda cumplir. De momento, aquí en la región de Coquimbo nos enteramos cuando salió esta información, por cuanto no tenemos cruces de sistemas para poder verificar y estar fiscalizando, ya que como ministerio no es nuestro rol. Pero vamos a reforzar ese trabajo en conjunto con los municipios».
