En La Serena, el caso comenzó con allanamientos y 11 detenidos -diez gendarmes y una civil- llevados a Colina 1, por su presunta participación en una red de tráfico de armas y drogas al interior de las cárceles. Sin embargo, esta tesis se ha ido desmoronando, y sólo hay un imputado en prisión preventiva por delitos económicos. Pese a ello, la defensa alega que el ministerio público ha coartado el derecho de ejercer su labor negándole la carpeta investigativa.
Fue el pasado viernes 14 de junio, cuando sorpresivamente se supo de la detención de un grupo de gendarmes de la cárcel de Huachalalume, cuyas casas habían sido allanadas durante la madrugada. Los 10 funcionarios, más una civil, fueron trasladados hasta la segunda Comisaría de Coquimbo por personal del 0S9 de Carabineros, que vino específicamente a ejecutar la orden de entrada y registro de los domicilios.
La operación se llevó a cabo en el más completo hermetismo, pero desde la Fiscalía Metropolitana Occidente se informó posteriormente que los allanamientos eran el resultado de un trabajo en conjunto con Departamento de Investigación Criminal (Dicrim) de Gendarmería y el OS9 de Carabineros.
Si bien el masivo operativo se llevó a cabo en distintos penales del país, el foco estuvo puesto en La Serena, ya que aquí estuvo la mayor cantidad de detenidos, y, además, se presume que el líder de esta organización criminal sería un alto mando de Gendarmería en la zona, el capitán Faúndez, cuyo nombre a estas alturas ya ha sido mencionado por diferentes medios.
Perdiendo consistencia
Han pasado dos meses desde el operativo y posterior formalización, pero pareciera ser que la acusación ha ido perdiendo consistencia en el desarrollo del proceso judicial, partiendo con la determinación de las medidas cautelares, en la que se suponía que, por delitos tan graves, los imputados quedarían en prisión preventiva, pero en lo que respecta a La Serena, fueron sólo tres de 11 imputados los que fueron objeto de la medida y, además, no por su posible participación en una banda organizada que operaba en todo el país, sino que por delitos de índole económica, como lavado de activos y cohecho. Se cayó entonces la teoría, al menos en la zona, de que funcionarios hubiesen estado involucrados en tráfico de armas y drogas.
El Ministerio Público apeló, ya que era una mala señal que la mayoría quedara en libertad, pero no tuvieron éxito, por el contrario, el abogado representante de los gendarmes, Carlo Silva, logró modificar la medida cautelar de dos más de sus representados, quedando sólo uno en prisión preventiva. Hasta ahí, para Silva, «se estaba desmontando» lo planteado por la Fiscalía.
LA CARPETA
Pero el proceso ha continuado. No ha sido simple, y el abogado de La Serena admite que se han presentado dificultades. La última audiencia no fue de las más positivas para Silva. Pidió que se le entregara copia de la carpeta que tiene la Fiscalía, lo que ya había sido autorizado anteriormente. Sin embargo, en esta oportunidad el tribunal le negó esta posibilidad algo que al penalista le parece inexplicable.
Por lo pronto, está a la espera de la audiencia de modificación de medidas cautelares que tendrá lugar el 30 de agosto, donde se discutirá el futuro del capitán Faúndez (sindicado como líder de una red de crimen organizado) y su señora, quienes actualmente están con arresto domiciliario total. Las pretensiones de Carlo Silva es que al menos la medida se cambie por arresto domiciliario, pero solo nocturno. «Obviamente que cualquier persona que se encuentra en la condición de ellos, que fueron expulsados de Gendarmería, privados de libertad, por supuesto que la medida cautelar se vuelve bastante irreal. Ellos son personas que tienen que trabajar para poder solventar sus gastos y esta cautelar que tienen no les da esa posibilidad», explica Silva.
igualdad de condiciones
En principio, Silva valoró que el magistrado le diera acceso a la carpeta investigativa, contraviniendo la decisión del Ministerio Público, en el sentido de que ellos (la Fiscalía le había negado la defensa la oportunidad de ver los antecedentes.
Para el abogado fue algo de toda lógica, ya que las partes requieren estar en igualdad de condiciones, pero se llevó la sorpresa de que, en la última de las audiencias hasta ahora, el magistrado se opuso a que tuviera acceso al material. «Este es el principal reclamo que vengo formulando desde el principio, ya que no pueden dejar a la defensa ciega.
Ye tengo que defender desde la base de lo que conozco, y así lo había entendido la primera jueza que me permitió ver la carpeta durante una noche y tener la oportunidad de anotar lo más importante con los resultados que ya se conocen, pero ahora que pido la copia de lo que yo ya vi, me dicen que no, porque está en secreto, algo que no entiendo», expresa Carlo Silva.
