Luego que la Contraloría objetara la contratación de Carlos Gajardo, ex fiscal nacional, quien había sido fichado por parte del Gobierno Regional para que llevara adelante la causa del Papaya Gate, desde distintos sectores coincidieron en que hay una falta de conocimiento, y si hay errores también debe haber responsables.
En la edición de este jueves, LA REGIÓN dio a conocer que la Contraloría había objetado la contratación de Carlos Gajardo, ex fiscal nacional, bajo la modalidad de trato directo, en donde organismo aclara que ese tipo de acuerdo se debe aplicar solo en casos excepcionales, ya que, entre otras cosas, limitaba la libre competencia y no aseguraba buen uso de dineros públicos.
Tras la objeción, el consejero regional por Choapa, Cristian Rondanelli, sostiene que «la gobernadora ya no sorprende, porque todos los días tiene un traspié distinto, y esto deja entrever sus faltas de capacidades para estar en el cargo que se encuentra, es lamentablemente que como región de Coquimbo tengamos este ‘desgobierno’ y desde el Consejo Regional hemos estado plenamente dispuestos a aportar con experiencia y distintas miradas políticas, esto termina siendo otro error más».
Por su parte, Vinka Pusich, secretaria regional de Renovación Nacional (RN), señala que «es una muestra más de la falta de conocimiento, no solo de la gobernadora sino que de su equipo jurídico, de las normas en que ella debe basar su actuar, porque esto existe en el estatuto administrativo, ya que no es una herramienta que se pueda usar a diestra y siniestra, debe ser fundamentada y ahí es donde incurre en un error al invocar la causal para justificar el trato directo y no explicita los motivos por el cual procedería el trato directo en esa contratación, y ahí incurre en esta ilegalidad, que es lo que ha advertido Contraloría en su informe».
«El funcionario público debe cumplir con la normativa, incluso en caso de dudas pueda hacer las consultas para efectos de no incurrir en una ilegalidad, y ninguna de esas cosas se hizo por parte de la gobernadora. Nosotros vamos a estar atentos para verificar que se cumpla lo ordenado por la Contraloría, que se fundamente si se cumple o no con los requisitos de la contratación vía trato directo, si no que se haga el requerimiento para que se haga a través del sistema de proveedores que tiene el Mercado Público, para asegurar la libre competencia y así asegurar el buen uso de los recursos económicos de la región».
«Si la gobernadora
está dando estos pasos, que lo haga bien»
En esa línea, Javier Vega, consejero regional por Elqui, comenta que «se debe dar muestra de hacer las cosas bien, si se cometieron errores tiene que haber responsables, nosotros como Consejo Regional lo que queremos es que exista transparencia y que se hagan bien las cosas, ya tuvimos un gobierno que lo hizo mal y que finalmente generó un fraude al fisco y no queremos que pase así también… Tenemos que dar el ejemplo y vemos que no se hacen bien las cosas, por lo que no está cumpliendo».
«Algo que se hizo mal, se trató de hacer bien, pero tampoco tiene resultados, espero que sobre el Papaya Gate se individualice penalmente a quienes cometieron el fraude, y si la gobernadora está dando estos pasos, que lo haga bien», añade.
Vega deja ver que la serie de errores empaña al cuerpo colegiado, «son lamentables las situaciones que están pasando, queremos que exista transparencia y se hagan bien las cosas, pensábamos que habría un cambio y se están viendo las mismas prácticas. Hago un llamado al equipo jurídico a que tomen cartas en el asunto y empiecen a hacer las cosas bien».
Por su parte, el consejero Lombardo Toledo señala que como integrante del cuerpo colegiado lamenta una vez más la situación que están viviendo, «ya que nuestra misión es el bienestar de la comunidad y entregar las posibilidades de gestionar proyectos, programas y obras, y esto nos desencaja de nuestra misión».
«Consultaremos seguramente el próximo lunes a Contraloría y a ella misma por este apresuramiento, porque el mismo Gobierno Regional tiene profesionales suficientemente competentes como para buscar otro tipo de opciones y no solucionar un juicio que está pendiente con recursos fiscales que deberían haberse usado en otro tipo de ayudas para las 15 comunas», señala.
Consultado por este nuevo impasse, el diputado Juan Manuel Fuenzalida puntualiza en que «lo mismo que se criticó del Papaya Gate es lo que está haciendo la gobernadora, por lo tanto revisaría bien lo que se hace, seguimos con una serie de errores no forzados, donde las prioridades no están en la gente, sino que en otras cosas, como el edificio de la intendencia, en la remodelación de la casa, en el uso indebido de los vehículos fiscales…».
«Lo que uno espera es que la gobernadora rectifique su camino y forma de actuar, de manera que se empiece a trabajar por la región, uno quiere que le vaya bien, porque si le va bien a ella le va bien a la región, pero lamentablemente lo que estamos viendo es algo entre cuatro paredes y no viendo la realidad regional» dice.
Gobierno regional
regularizará contrato
Tras los hechos, la gobernadora regional Krist Naranjo señala que «es una simple observación de parte de la Contraloría, la cual ya se encuentra en proceso de regularización y que no afecta en nada la legalidad de los servicios que nos está prestando el estudio jurídico de Gajardo y Norambuena».
Aclaran que lo contratado entre el Gobierno y el estudio jurídico subsistirá, pero se regularizará a instancias del órgano contralor, suplementando los aspectos formales, y que la validez de lo contratado propiamente tal no se ha cuestionado.
