Mientras, el Juzgado de Garantía de Coquimbo amplió el plazo de investigación en sesenta días a solicitud de la defensa del padrastro de la menor, asesinada en noviembre de 2020 al interior de su domicilio en La Cantera, Coquimbo.
El 26 de noviembre de 2020 en su casa de Villa Talinay, en La Cantera, falleció Melissa, menor de 12 años.
En primera instancia, debido a un incendio. Con los días, Fiscalía hablaba de homicidio. Sí, la madre y el padrastro quisieron ocultar el crimen, pero el Servicio Médico Legal dijo otra cosa.
Mirta Ardiles, quien estaba siendo investigada por el Ministerio Público en calidad de imputada por el homicidio, fue detenida en febrero. A los meses, el padrastro de la menor, Luis Santander, por el delito de violación y abusos sexuales reiterados, los que habrían comenzado en 2014.
Hasta ahora un largo periodo de investigación, y que se seguirá ampliando luego que ayer el Juzgado de Garantía de Coquimbo acogiera la solicitud de la defensa del padrastro en ampliar en 60 días más la investigación, porque aún existen diligencias pendientes como el informe de un médico legista, metaperitajes psicológicos y la toma de declaración de testigos.
«Sí, el plazo de investigación lo pidió el abogado defensor del padrastro, que está imputado por delitos sexuales, porque faltan algunos resultados de algún tipo de exámenes que se le estarían realizando», sostuvo la abogada y querellante del Programa de Apoyo a Víctimas, María José Duarte.
Conformes
En realidad, reconoce Duarte «que amplíen el plazo es obra en perjuicio, por decirlo de alguna manera, de las personas que están en prisión preventiva, que en este caso son Luis Santander y Mirta Ardiles – imputados por el Ministerio Público como autor y cómplice, respectivamente-, así que si hay una persona que debió oponerse a esta solicitud, era el defensor de la madre, pero a nosotros no nos afecta».
¿Qué viene después de los 60 días de plazo de investigación?
«Esperando que los resultados de los exámenes que está solicitando el defensor estén listos antes de los de sesenta días, se procedería a cerrar el plazo de investigación, ya sea a petición de la defensa, de la fiscalía y de nosotros, según lo consideremos, y luego el fiscal tendría 15 días para realizar su acusación. Posteriormente viene otro plazo para nosotros adherir o hacer una acusación particular a los querellantes, que es la Defensoría de la Niñez y nosotros, y después vendría la audiencia de preparación de juicio oral y la fecha del juicio», afirma.
Respecto al extenso tiempo de investigación, donde incluso trabajó la destacada perito forense Vivian Bustos, señaló que «estamos conformes con el plazo de investigación que se ha dado. En realidad tenemos que velar para que no se vaya a revictimizar a las personas que son víctimas de este delito, porque a veces los plazos demasiados extensos perjudican el proceso terapéutico de ellos. Sin embargo, en nuestro caso se ha comprendido bastante bien el porqué los plazos se han extendido de esta forma y en el fondo es lo mejor para el resultado del juicio».
Penas altas
El caso todavía es recordado en la región como uno de los más brutales del último tiempo, y porque «son cuatro delitos que se están investigando dentro de una misma causa, que son dos delitos sexuales, y delitos de incendio y parricidio, de los que cada delito tiene una pena asociada».
Además, explica que «para el delito de parricidio se busca el presidio perpetuo calificado, que es el máximo de las penas que establece nuestro código penal para este tipo de delito, que es el más grave, además del incendio, que de igual manera tiene penas bastantes altas».
Con respecto a los delitos sexuales, «ahí depende mucho también de la reiteración y otras circunstancias anexas, pero depende de lo que pueda considerar la Fiscalía en su acusación, pero bien podía pedir estas penas».
Hasta el día de hoy, comenta, «por el parricidio e incendio está formalizada solamente la madre, mientras que por los delitos sexuales está formalizado el padrastro, por lo tanto serían distintas las penalidades, pero siempre más para la madre, ya que el parricidio es la pena más alta de nuestro ordenamiento jurídico».
