Fiscal Ricardo Salinas: La concejala actuó una vez que se emitieran los decretos de la municipalidad y «en razón de su cargo».
La fiscalía de La Serena, el Consejo de Defensa del Estado y la defensa de la concejala de La Serena, Mary Yorka Ortiz, debatieron por alrededor de una hora el recurso de nulidad interpuesto por la representación legal de la autoridad electa en su cargo, el que busca anular la sentencia y dictar una de reemplazo, por el delito de negociación incompatible.
La concejala fue sentenciada a las penas de 3 años y un día de reclusión menor en su grado máximo, 10 años de inhabilidad para ocupar cargos, empleos u oficios públicos y la multa del 30% del interés que tomó en el negocio de la compra de pasajes aéreos a la sociedad T y T, la cual es de propiedad de sus hijos.
A su vez, fue sentenciada a la inhabilitación perpetua para derechos políticos e inhabilitación absoluta para ocupar cargos por el tiempo que dure la condena privativa de libertad.
El fiscal Ricardo Salinas espera que la primera sala de la Corte de Apelaciones mantenga la decisión condenatoria del Tribunal Oral de La Serena. Cabe señalar que en esta audiencia no se discuten los hechos, sino consideraciones de derecho. “A juicio de la fiscalía, los hechos son inmodificables y establecidos por el tribunal. A la fecha de adquisición de los pasajes o la contratación de servicios, que se manifiesta en una fecha determinada según las facturas, ya se había establecido en la mayoría de los casos los decretos de la municipalidad que encomendaba los viajes; por lo tanto la concejala tenía conocimiento (de los hechos) y actuaba en razón de su cargo”, dijo el persecutor.
La Corte de Apelaciones pronunciará su decisión el próximo 9 de enero, a las 12:00 horas.
Según la acusación de la fiscalía, Mary Yorka Ortiz tomó interés directo e inmediato en la adquisición de pasajes aéreos para comisiones de servicios dentro y fuera del país con la sociedad de inversiones T y T, cuyo giro es agencia de viajes, la cual es propiedad de sus hijos y estaba representada legalmente por su marido. Según la acusación del ente persecutor que investigó el caso y en la cual también es querellante el Consejo de Defensa del Estado, se pagaron 5 millones 430 mil 750 pesos, solicitando de manera posterior 10 reembolsos a la municipalidad.
