En medio de la investigación por fraude debido a la entrega de boletas y contrataciones falsas en el Departamento de Salud de la Corporación Gabriel González Videla -que asciende a casi $ 800 millones-, se buscó dar una señal con el despido de la directora, la doctora Lorena Casarín. Al no existir otra causal, se recurrió al inciso 2 del artículo 161 del Código del Trabajo, que dictamina que el empleador puede despedir de forma unilateral al trabajador.
Controversia generó la información que dio a conocer la mañana de ayer Radio Guayacán. Según se difundió, y lo que fue corroborado posteriormente por la Corporación Gabriel González Videla, a la ex directora del Departamento de Salud de la entidad, Lorena Casarín, se le pagó una millonaria indemnización que asciende a 51 millones de pesos.
Cabe señalar que Casarín fue desvinculada de sus funciones en el marco de la investigación en el fraude por pago de boletas falsas que alcanza el monto de casi 800 millones de pesos, aunque según indicó el propio alcalde de La Serena, Roberto Jacob, el despido no tenía nada que ver con alguna presunta participación de ella en el desfalco, sino que era tendiente a generar un «mejor esclarecimiento de los hechos». A su vez, en su minuto precisó que el cargo directivo que ostentaba, «era un cargo de confianza, y cuando se pierde la confianza, se tiene que dejar el cargo».
Explicaciones
El monto generó controversia. A través de las redes sociales, la gente expresó sus opiniones, sin embargo, de acuerdo a un comunicado enviado desde la Corporación, justificaron legalmente el pago. «El término de contrato de la ex directora del Departamento de Salud, doctora Casarín, fue bajo la causal de desahucio escrito del empleador, contemplado en el inciso 2 del art. 161 del Código del Trabajo, por lo que se debe pagar indemnización. El desahucio responde a que se trata de un cargo de exclusiva confianza de la administración municipal», sostienen en el escrito.
La única salida
Y claro, el inciso al que aluden era el único al que podían recurrir desde el municipio para cesar a Casarín, ya que no existía otra causal. En rigor, lo que dicta la normativa a la que aducen, es que «el empleador puede despedir de forma unilateral a uno o varios trabajadores sin demostrar causa o motivo para hacerlo», que es exactamente lo que se realizó, ya que, tal como se ha dicho, la doctora no está imputada ni es investigada en ninguna arista del fraude.
«Ni un peso más»
Según continúa el comunicado de la Corporación, «el 13 de marzo se extendió el correspondiente finiquito de trabajo a la ex directora, ajustándose la Corporación a la Ley Laboral, tanto en lo que corresponde pagar como a los límites legales de dichos conceptos, sin entregarse ni un peso más de lo que la normativa estipula».
En términos técnicos, explican que «a la indemnización por años de servicio se le aplicó el tope legal de UF 90 que establece el artículo 172 del Código del Trabajo. Asimismo, se le pagó la indemnización sustitutiva del aviso previo (un mes con el mismo tope legal) y el feriado proporcional, todo bajo la legislación vigente».
Reacciones
El concejal por La Serena, Félix Velasco, se manifestó molesto, más que por el monto, por haberse enterado por la prensa de esta situación, ya que cree, debería existir una comunicación más fluida con los ediles comunales.
De todas formas, la cantidad no dejó de llamarle la atención, aunque entiende que está bajo los parámetros legales. «Me parece, obviamente, que es mucho dinero, y da la sensación de que existe un despilfarro de los fondos públicos, cuando muchas veces en la salud primaria tenemos que no hay medicamentos y que faltan un montón de cosas», expresó Velasco.
