Cumpliendo con sus amenazas en días anteriores, este lunes la Asociación Nacional de Fiscales comenzó su paro total de actividades. «Cuando tratas de tener una línea de conversación con quien debe tomar la decisión, lo que obtienes es un portazo», lamentan.
La tensión entre la Asociación Nacional de Fiscales (ANF) y el gobierno sigue subiendo, luego de no alcanzar un acuerdo para incluir a los altos sueldos en el reajuste del 12% para el sector público.
Todo inició el pasado viernes 2 de octubre, cuando el gobierno concretó un acuerdo con la mesa de funcionarios públicos para presentar un proyecto de ley que ajuste en un 12% los salarios de los trabajadores con sueldos menores a $ 2,2 millones, y para quienes tengan sueldos superiores a esa renta se estableció un aumento fijo de $ 264 mil.
Desde entonces, tiras y aflojas. Y paralizaciones. Este lunes, más del 85% de las audiencias fijadas debieron ser reprogramadas, aunque sí se realizaron las más urgentes, relacionadas, por ejemplo, a personas privadas de libertad, delitos sexuales y casos de violencia intrafamiliar.
Hasta ahora un conflicto que no tiene fecha de término, y que, como asegura Juan Pablo Aguilera, presidente regional de la Asociación de Fiscales, «existe mucha desazón de parte de la asociación y de los asociados que yo represento, porque cuando tratas de tener una línea de conversación con quien debe tomar la decisión, lo que obtienes es un portazo».
A juicio del dirigente del gremio, que agrupa a más del 90% de los fiscales del país, «no existe ni siquiera posibilidad de conversar, menos establecer una línea de diálogo, sino que se dicen mentiras, se nos ofende y se dicen cosas que no son ajustadas a la realidad. Entonces uno se termina sintiendo menospreciado por parte de la autoridad cuando estas instituciones son tan sensibles y tan de contacto directo con la comunidad».
Con estas movilizaciones y nada de diálogo, «uno se siente poco valorado, cuando debiese ser todo lo contrario. En realidad, a lo menos tener una línea de conversación y tener la posibilidad de ser escuchados, pero lo que uno consigue es todo lo contrario, y es ahí donde se llega a la conclusión de que, en realidad, al gobierno poco le interesan los profesionales que ponemos la cara todos los días frente a la comunidad y a los tribunales en relación con la persecución del delito».
Sin injerencia
Reitera que esto no tiene que ver con un aumento de remuneraciones, sino «simplemente exigir un trato igual para todos los trabajadores del Estado, y cuando la gente habla de que queremos aumentarnos los sueldos, eso no es efectivo, pues en realidad lo que se está pidiendo es actualizar el valor de acuerdo a las ultimas variaciones del IPC. Esperamos que el Senado pueda entender nuestra situación, pero seguiremos evaluando los pasos a seguir y probablemente sigamos con una paralización indefinida…».
En cuanto a la elección del fiscal nacional, que ayer hasta el cierre de esta edición la Comisión de Constitución del Senado analizaba la nominación de Marta Herrera, Aguilera señalaba que «como asociación gremial no tenemos mayor injerencia en cuanto al nombramiento propiamente tal, pero sí pedimos para cualquier candidato cuestiones mínimas, como la posibilidad de conversar, un gobierno interno y que exista una preocupación por los fiscales, que hayan directrices claras en cuanto a la persecución penal, el mejoramiento de las condiciones laborales y de los equipos de trabajo con los cuales trabajan los fiscales. Pero es una solicitud transversal a cualquiera de los postulantes a fiscal nacional».