En una sesión extraordinaria del concejo comunal de La Serena, el secretario general de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, Claudio Arriagada, abordó el complejo escenario que actualmente atraviesa la corporación, estamento que administra la salud y la educación.
Una deuda que no solo deja coletazos en las billeteras, sino que también en lo político. Entre los antecedentes, los cuales constan en un pre informe de auditoría que realizó la nueva administración, preocupa la deuda que mantiene el organismo con proveedores y la deuda previsional de los funcionarios. Se proyecta que a diciembre de 2024, ésta llegue a los 50 mil millones de pesos.
Claudio Arriagada sostuvo que la prioridad de la nueva administración es generar un plan de contención de costos para el 2025, así como reducir la contratación de empresas externas que permitan cumplir con el pago adeudado.
Tras la presentación del estado actual del organismo, la recientemente asumida alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, indicó que el objetivo del concejo extraordinario fue transparentar ante el cuerpo colegiado y la comunidad, el estado actual en que se encuentra la Corporación Municipal.
«Lo que ocurre en la Corporación es realmente grave. Acá se ha jugado con dos servicios que son fundamentales para la sociedad, como son educación y salud. Sin salud no hay vida y sin educación no hay sociedad. Desde esta administración le pedimos disculpas a los funcionarios y serenenses que acceden a los servicios que se ofrecen a través de la corporación. Estamos trabajando arduamente para resolver esta situación y buscar a los responsables».
La máxima autoridad comunal sostuvo que «el trabajo que estamos realizando como administración, es esclarecer realmente el estado en que se encuentra la corporación, de tal forma de que podamos, con todo lo obtenido, entablar las respectivas acciones legales para dar con los responsables».
Arriagada informó que se han tenido que tomar acciones como la desvinculación de funcionarios. Según informó, se ha desvinculado a 190 personas, lo que permitiría ahorrar unos 2400 millones al año y más de 200 millones mensuales.
El informe reveló diversas situaciones irregulares que se generaron durante la administración pasada. Entre lo que se detalló, destaca que existían 250 líneas de celulares entregadas a funcionarios no identificados, o los convenios de publicidad que alcanzan 130 millones de pesos anuales. Otro dato es que los recursos no alcanzan para pagar las retenciones de boletas de honorarios, donde unos 700 millones de pesos no se han cancelado a diciembre, por lo que se debe negociar con Tesorería el pago de los compromisos.
De acuerdo a la información recabada, la deuda actual con proveedores alcanza los 10 mil millones de pesos, no existiendo un registro centralizado de la deuda, por lo que se ha tenido que buscar por empresas de forma individual. Esta situación ha implicado que proveedores han realizado requerimientos judiciales para saldar las deudas.
Otro punto que se investiga, es el pago de asesorías técnicas por más de 600 millones de pesos, donde varias de éstas no tenían verificador ni respaldo de realización.
Se han recibido 16.943 boletas de honorarios, de las cuales se han anulado 6.546, por lo que también se investiga cuántas de las anuladas fueron pagadas y no reintegradas, por lo que esto podría considerarse un delito, y de ahí que todos los antecedentes serán parte de una querella que será presentada en Tribunales.
Ante este complejo escenario, se han sostenido reuniones con todos los gremios y sindicatos, a quienes se les ha explicado la gravedad de la situación. Adicionalmente se realizaron reuniones mensuales con cada gremio y sindicatos para informar de los avances de la reorganización y disminuir la incertidumbre. Se conformarán comités de ausentismo para el proceso de desvinculación por licencias mayores a 180 días y se hizo hincapié en la conformación de comités de movilidad interna para reinserción laboral.
