Ahora son los tribunales quienes deben fijar el día para la audiencia preparatoria. La familia del joven y la abogada querellante esperan que los poderes del Estado actúen conforme a lo que las leyes mandatan, «que es precisamente dar cumplimiento a las normas en cuanto al derecho Internacional de los Derechos Humanos, y eso los obliga a aplicar las condenas cuanto corresponde…».
Novecientos dieciocho días después de la muerte de Romario Veloz a manos de militares, la investigación fue cerrada y ahora el tribunal deberá establecer fecha para la audiencia preparatoria del juicio, la que no debe fijarse más allá de 30 días desde el cierre de la indagación.
El hecho tuvo lugar el día 20 de octubre del 2019, momento en que un grupo de funcionarios del Ejército arribó al Mall Plaza La Serena ante denuncias de saqueos, lo que terminó con el fallecimiento del joven ecuatoriano y heridos de gravedad César Véliz junto a Rolando Robledo.
Para la abogada de la familia de Veloz, Adriana Rojas, que encabeza la querella en contra del militar Sergio Faúndez, imputado por los delitos de homicidio simple, homicidio frustrado y violencia innecesaria con resultado de lesiones graves, «existe una arista que ya concluye y dice relación con la investigación de los cuatro imputados, de los autores materiales y del capitán Faúndez como el que da la orden».
Sin embargo, existe una separación de la investigación respecto de otros tres militares, y que es otra línea paralela que dice relación con hechos posteriores y de encubrimientos de los delitos que han sido indagados por el Ministerio Público respecto de los cuatro militares formalizados.
«El Ministerio Público ya presentó la acusación contra los cuatro formalizados, que es la denominada causa principal, -por decirlo de alguna manera- y seguimos investigando respecto de los tres formalizados por obstrucción, que en la última audiencia se dieron 90 días para la investigación», cuenta la profesional.
Búsqueda de justicia
En cuanto al plazo de investigación, reconoce Rojas que «siempre fue extremadamente largo para mí como abogada y para la familia, y creemos que se pudo haber realizado en un tiempo más acotado».
Respecto a las causas, afirmó que «nosotros siempre hemos denunciado la falta de colaboración del Ejército en este proceso. Por ejemplo, desde el comienzo se determinó que toda la información que se solicitara al regimiento se iba a realizar a través de la Subsecretaria de Defensa, y donde había un canal menos directo para hacer todo tipo de solicitudes por parte del Ministerio Público, y eso fue una determinación del ministerio de Defensa del Gobierno de Sebastián Piñera».
Si es que el juicio podría tener alguna similitud con el caso de Kevin Gómez, asesinado el mismo día en Coquimbo, explica la abogada que, «desconozco como se llevó la investigación de la causa de Kevin, pero en lo que podemos coincidir es en la línea de obstrucción a la investigación que hemos observado, y todo este aparataje que ha servido para ralentizar el proceso de investigación y que ha sido responsabilidad principalmente del gobierno de Piñera y del Ejército».
Sin embargo, junto a Mery, madre de Romario, dicen no tener temor de lo que pueda ocurrir en la audiencia. «No tenemos el temor de que ocurra algo similar -en el caso de Kevin la condena del militar fue rebajada- y creemos que el proceso que hemos llevado adelante se ha portado conforme a lo que corresponde en cuanto al derecho, y esperamos que eso continúe, así que por ahora no tenemos ese temor».
Y lo ha dicho también Mery, «toda vez que nuestros procesos han sido llevados de manera distinta, por lo que vamos a seguir en lo que nos corresponde, que es la búsqueda de justicia por Romario, Rolando Robledo y César Véliz y, por lo mismo, esperamos que los poderes del Estado actúen conforme a lo que las leyes mandatan, que es precisamente dar cumplimiento a las normas en cuanto al derecho Internacional de los Derechos Humanos, y eso los obliga a aplicar las condenas cuanto corresponde».
Respecto a las penas que esperan, sostuvo que «no nos hemos pronunciado en este momento, pues no sabemos si nos toca adherirnos a la acusación fiscal o bien plantear una acusación particular, así que no me quiero adelantar a aquello porque todavía hay elementos que definir».
Recordar que el capitán José Faúndez se encuentra formalizado por presuntos tres delitos, entre ellos el homicidio consumado de Romario Veloz. Sin embargo, su responsabilidad radica en haber dado la orden a la tropa de disparar frente al terminal de buses de La Serena, donde se encontraba la mayoría de la gente que se manifestaba.
