En el mes de febrero la Contraloría Regional de Coquimbo detectó anomalías en el uso de fondos destinados a la emergencia por escasez hídrica, la Delegación Presidencial Regional solicitó la restitución de dichos fondos a las comunas de Andacollo y Salamanca, decisión que será impugnada por el municipio salamanquino.

En medio de las investigaciones se encontró que el municipio de Ovalle compró bombas de agua a un precio muy superior al valor de mercado, llegando al 187,95% de sobreprecio por unidad.
Mientras que en Punitaqui se habrían pagado cerca de $100 millones de pesos por arriendo de maquinaria mediante trato directo, situación que también generó dudas.
Además, según el informe de Contraloría, Andacollo y Salamanca rindieron gastos por deudas de agua potable que ya habían sido saldadas, hecho que llevó al órgano contralor a exigir la restitución de más de $45 millones de pesos (total entre ambas comunas).
En el caso de Andacollo, Paihuano y Coquimbo, debieron proporcionar a la DPR los antecedentes que den cuenta del cumplimiento de un convenio en relación con la recepción conforme de los productos por parte de los beneficiarios.
Al respecto, desde el municipio de Coquimbo confirmaron que desde febrero están enviados todos los antecedentes a la DPR, dando cuenta del cumplimiento de dicho convenio y respondiendo a las observaciones del informe.

Salamanca reclama

La jefa de Administración y Finanzas de la municipalidad de Salamanca, Beatriz González, argumentó que todo habría comenzado porque los traspasos de la delegación se retrasaron.
«Aguas del Valle nos estaba exigiendo el pago del suministro para continuar con la entrega de agua. Como nosotros entendemos que el agua es un bien esencial para la vida, no podíamos cortar el abastecimiento», declaró.
Razón por la cual procedieron al pago con fondos propios, «después de la auditoría que le hizo la Contraloría a la DPR, nos dicen que no corresponde los traspasos, a pesar de que hicimos las consultas pertinentes».
«Entonces estamos preparando apelar a la Contraloría para no restituir los fondos, porque creemos que no corresponde si nos transfirieron los recursos sabiendo cuál era la situación del municipio», indicó.
A la jefa de Finanzas no le parece procedente el accionar de la Contraloría, pues «la delegación dice que en ninguna parte se menciona que se puede pagar deuda, lo que nosotros apelamos es que en ninguna parte se dice que no se puede pagar la deuda».
Por último, subrayó que «nosotros priorizamos el pago del agua porque es un elemento fundamental para la vida humana y animal, no podíamos dejarlo de lado y esperar que la delegación entregue los montos, no fue una decisión fácil y en el momento no había muchas opciones».

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