Demandado civilmente por Ley Zamudio y uno de sus altos funcionarios querellado por secuestro, son las acciones por las cuales actualmente el Municipio de Ovalle se encuentra en la palestra; esto luego de que la Asociación Gremial de Operadores de Juegos Electrónicos de Ovalle denunciara hostigamiento respecto a los operadores de la zona a quienes se les ha perseguido por, aparentemente y según señaló el abogado de dicha asociación, no cumplir con la normativa respecto al ejercicio de sus actividades.
Al respecto Ernesto Nuñez, Abogado de la AGOJEO, recalcó que «en este contexto hay que decir que la gran mayoría de los locatarios tienen patentes de juegos electrónicos, solo muy pocos tienen patentes de otro tipo.
El problema es que la Municipalidad, desde que se instaló el casino de Ovalle hace aproximadamente dos años, ha venido realizando una persecución a esta actividad intentando la clausura a través del congelamiento de las patentes y ahora diciendo que ellos estarían explotando una patente que no correspondería a la que sería la apropiada».
Los hechos, que se arrastran desde hace ya dos años, comenzó con la idea del Alcalde Claudio Rentería de derogar las ordenanzas que habían respecto a esta actividad, algo que rechazó el Concejo insistiendo en un proceso de regularización e instando a una mesa de trabajo entre todos los sectores, según detallan desde la asociación.
«Luego de eso, de tres o cuatro meses intensos en esta mesa, el alcalde que tenía que hacer el llamado para votar o regular si se aprobaban estos cambios para ordenanza prefirió no hacerlo porque sencillamente iba a comprometerse con algo que él no quería. Lo que él no quiere es que puedan tener una adecuada patente para estos juegos que es la patente de juegos de habilidad y destreza. Por esa razón estamos tratando de reservar esta ambigüedad que tiene presentando un recurso en contra de las clausuras que son de ilegalidad», recalcó Nuñez.
La primera, recalca, es mediante una acción civil apelando a la ley Zamudio que busca instaurar una acción por actos de discriminación ya que, según indican, habría preferencias y una discriminación ideológica en tanto «hay un solo local en Ovalle que funciona bajo esa patente y nadie sabe por qué; entonces habría una discriminación respecto a por qué las otras personas que han querido regularizar no pueden hacerlo y esa persona sí lo puede hacer. La segunda es que habría una discriminación ideológica ya que todos quienes se habrían agrupado como asociación están siendo discriminados políticamente por parte del alcalde dado la ofensiva que ellos han tomado en busca de regularizar».
La querella, en tanto, tiene que ver en tanto uno de los operadores a quien la semana pasada le fue notificada su clausura sufrió un acto que denominaron como secuestro.«El Jefe de Rentas, estando la gente dentro del local, procedió a bajar las cortinas y a poner candados por fuera manteniendo a la gente apostada en el lugar», según indicó el abogado. «Nosotros denunciamos esto como delito, por ello el Juzgado de Garantía de Ovalle declaro admisible la querella. Este es un delito que se va a investigar y en donde se está imputando directamente a una pena grave en contra del Sr. Lara (Jefe de Rentas), lo que consideramos una acción muy imprudente. Tenemos motivos suficientes para requerir la destitución del alcalde por este tipo de actuaciones y hechos que se están sucediendo respecto a esta irregularidad.»
Respecto a las acciones antes descritas, la asociación dejó de manifiesto estos se encuentran en el Juzgado Civil de Ovalle y que la Municipalidad ya está al tanto del tema. «Tienen diez días para presentar un informe y hacerse cargo de todos los descargos que nosotros hemos hecho», puntualizó el abogado.
