Tras estos hechos se hicieron acusaciones de secuestro y algunos propietarios se acogieron a la Ley Zamudio, ya que se sintieron discriminados por el actuar de los inspectores municipales.
El Asesor Jurídico del municipio de Ovalle, Sergio Galleguillos indicó que una de estas empresas que ejerce este tipo de actividad, «en el marco de las más absoluta ilegalidad en nuestra ciudad de Ovalle, es Carolina Miranda de Juegos Spa, quien presentó una demanda en el Primer Juzgado de Letras de Ovalle, que tiene el rol C-217-2017, amparado en las normas de la, popularmente conocida, Ley Zamudio, pues ella alega una discriminación arbitraria del municipio en cuanto a su actuar. Oportunamente, esta municipalidad hizo la presentación correspondiente ante el Primer Juzgado de Letras de Ovalle, solicitando en primer término que se declarara inadmisible esta demanda, junto con el informe correspondiente. Esto lo solicitamos porque la misma sociedad había planteado un Recurso de Protección ante la Corte de Apelaciones de La Serena, el cual se acogió a tramitación, entonces se presentaba una dualidad que resulta inconveniente, porque podrían haber decisiones contradictorias y podríamos tener jurisprudencia discordante».
Galleguillos agregó que «se planteó ante el Primer Juzgado de Letras de declarar inadmisible esta demanda por la norma de la Ley Zamudio y con fecha 6 de abril de este año, el juzgado ha resuelto acoger nuestra posición como municipalidad y se declaró terminado el procedimiento. Esto quiere decir que el tema está resuelto en primera instancia, por lo que la demanda por la Ley Zamudio, que tanto se ha publicitado, está terminada y ahora nos haremos parte en la defensa en el proceso que se lleve a cabo en la Corte de Apelaciones de La Serena».
Recalcó que cuentan con «todos los antecedentes que respaldan nuestro actuar, para defender la posición que tenemos e insisto en que estamos en una actividad, que se ejerce al margen de la ley, por lo que vamos a perseverar para dejarlo bien demostrado, para que en Ovalle las cosas se realicen como corresponde y con el respeto que la autoridad merece y no como han pretendido plantearlo los dueños y empresarios de estas salas de juego, que operan con tragamonedas».
En lo que respecta a esta agrupación, que cuenta con el apoyo de un ex superintendente de casinos, el Asesor Jurídico del municipio afirmó que al parecer «estamos frente a una organización que funciona a nivel nacional con un alto grado de influencia y recursos. El hecho de que haya un ex superintendente, que en su momento actuó dentro del marco de las normas de la ley de casinos y hoy es asesor de estas agrupaciones, que funcionan al margen de la ley, nos debe llamar la atención. Creo que desde el punto de vista ético, su actuar es bastante discutible».
Galleguillos señaló que «nosotros nunca hemos negado una patente para que alguien quiera ejercerla, para eso tenemos una ordenanza del año 2012 y hasta el día de hoy no existe ninguno de estos empresarios, que haya planteado una solicitud, para acogerse a la ordenanza y podamos diligenciar esta eventual patente. Pero no lo hacen, porque, sencillamente, previo a otorgarla investigaremos y certificaremos que las máquinas que tienen son de azar y de suerte y no de destreza o habilidad, como ellos pretenden sostener».
El tema es claro asegura, porque «no existe ninguna regulación en cuento a estas casas de juegos, no hay ningún organismo público que ejerza un control y nadie tiene certeza que haya una actividad lícita que de garantías a las personas que concurren, o que afirmen que no están siendo objeto de algún engaño. Además, el aporte que ellos hacen en lo que respecta a patente es mínimo, en relación con las ganancias que han tenido, nadie tiene certeza si pagan o no impuestos, por lo mismo insisto es una actividad, que se ejerce en el marco de irregularidades».
