Llevan siete días de huelga, con movilizaciones en todo el país y al menos en dos ocasiones han sufrido la violencia policial de Carabineros. Son las trabajadoras de la Fundación Integra, que desde este lunes empezaron una huelga indefinida que mantiene a 22.340 personas movilizadas de un total de 23.000 que componen la organización. Las protestas han paralizado 3.023 sala cunas y jardines infantiles.
La presidenta del Sindicato Número 1 de Integra, Jessica Camusett, explicó a El Desconcierto que las negociaciones empezaron a torcerse en noviembre, cuando entraron nuevos actores en juego. “Entregamos un proyecto en septiembre y a principio de noviembre empezamos a negociar con el director ejecutivo de la Fundación. Íbamos súper bien encaminadas y llegando a buen puerto hasta que, lamentablemente, la mesa de negociación con el director ejecutivo fue intervenida por el Ministerio de Hacienda y la Subsecretaría de Educación Parvularia”, explica Camusett.
El detonante, según la dirigenta, fue el desconocimiento de los beneficios que las trabajadoras ya habían adquirido durante años, por ejemplo, algunos bonos que ya disfrutan los trabajadores públicos, en una reunión que sostuvieron a finales de noviembre con los dos representantes del Ejecutivo. “Eso entrampó todo el proceso de negociación”, dice. A raíz de eso, las funcionarias llevaron a cabo dos paros de 48 horas hasta que, finalmente, el lunes el paro se tomó el carácter indefinido “porque no hubo avances”.
Entre sus mayores peticiones, está el cumplimiento del acuerdo que la Fundación Integra suscribió en 2014 para poder homologar sus condiciones laborales con las de los trabajadores y trabajadoras de la Junji: “Tienen remuneraciones más altas que nosotras, bonos distintos y más altos que los nuestros. Por eso hemos dicho que si hay dos instituciones, una pública que es la Junji, y una privada, que somos nosotros, que ambas ejercemos una misma función, las dos instituciones tenemos que homologar las condiciones laborales“, critica Camusett.
