La historia de Matías Andrade es conocida en la zona por ser el único imputado en la quema del peaje Las Cardas en la comuna de la provincia de Limarí. Más de un año estuvo encerrado «injustamente», alegan sus familiares, quienes acusaron múltiples irregularidades en el proceso judicial. El proyecto de ley que busca una amnistía a los «presos de la revuelta» ha causado polémica en el inicio de la redacción de la nueva Constitución, donde algunos constituyentes han presionado para apurar la propuesta.
Matías en la actualidad se encuentra con libertad vigilada tras una decisión del juez de Garantía. Por eso aprovecha cada momento en las calles y volvió a trabajar en un supermercado. Busca reinsertarse a su vida cotidiana, cuenta su padre, Hugo Andrade, a diario LA REGIÓN. Su relato es triste, y es que hubo estigmatización en el caso, dice.
«Imagina a esos padres que tienen a sus hijos encarcelados desde que empezó todo esto del estallido social, desde octubre de 2019, todo ese tiempo sin derechos y abandonados por el sistema. El Matías estuvo más de un año y para nosotros fue una eternidad.»
«PRESOS DEL MALESTAR»
Su hijo estuvo 14 meses en prisión preventiva por ser el único imputado en la quema del peaje Las Cardas, en diciembre de 2019. Por lo menos en cinco oportunidades se removió la medida. El Tribunal Oral en lo Penal lo condenó a 300 días de libertad vigilada por desórdenes públicos consumados y 818 días por incendio frustrado. Sin embargo, su irreprochable conducta anterior y el haber colaborado con la investigación, permitieron que el tribunal accediera a una sentencia de libertad vigilada en el Centro de Reinserción Social.
«Siempre supe que íbamos a salir ganando, pero ahora tenemos el dilema de que el Gobierno Regional pretende anular el juicio del 13 de abril, con la intención que Matías vuelva a presentarse ante un juez».
En esa línea, asegura que el gobierno ha tenido una política «castigadora y vengativa», para con los jóvenes sobre todo. Dice que su hijo sí fue un preso político, debido al proceso que le tocó vivir.
«¿Qué pasa cuando tienes detenido a una persona sin pruebas suficientes en un contexto de agitación social, todo Chile estaba en las calles por esos días. Ovalle tenía una realidad distinta en esa fecha, ya que la gente se estaba movilizando por un tema específico, que era el alza del peaje, pero si lo analizas es casi lo mismo, son malestares de la sociedad, y en ese contexto toman preso a mi hijo y lo tratan como si fuera cualquier delincuente con prontuario peligroso, siendo que era un cabro bueno».
La defensa de este padre, hace referencia a que su hijo no tenía antecedentes policiales. De hecho era un joven trabajador esforzado y voluntario de bomberos, paradojalmente.
«Mi hijo puede haber salido en libertad y todo, pero el daño sicológico fue brutal. Es como que si todo este tiempo nada hubiese pasado, no hay que ser especialista para observar que hay un daño irreparable al ser humano, entonces yo te repito una y otra vez que hay una persecución política del gobierno, del Estado, para criminalizar a jóvenes en Chile».
CONSTITUYENTES DEL DISTRITO APOYAN CAUSA
Los incidentes que marcaron el inicio de la constituyente el lunes pasado, tuvo como protagonista a los representantes populares pidiendo a coro la libertad de «los presos de la revuelta». En la zona, los electos del distrito 5, Daniel Bravo e Ivanna Olivares, firmaron una carta pública a principios de junio que pedía la liberación de una decena de personas encerradas en el contexto del estallido social.
La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, manifestó que dicho planteamiento «está en agenda de la convención y se colocó en el acta inaugural de la convención, producto también de los problemas que hubo para instalarla. No podemos nosotros permitir, en un proceso que convoca a profundizar la democracia, se estén dando esas señales que no corresponden, porque la democracia le va a dar seguridad al trabajo que implica la convención», sostuvo.
En cuanto a los cuestionamientos por la legitimidad de esta petición por parte de la Convención, Loncón afirmó que «sabemos que no hay atribuciones legales, sin embargo, nosotros tenemos un poder constituyente con el cual podemos incidir. No podemos avalar situaciones que no se condicen con la justicia y sabemos que dentro de los presos de la revuelta hay procesos que no cumplen con los estándares de justicia, hay problemas de Derechos Humanos y pasa lo mismo con los presos mapuche en el Wallmapu».
Al ser consultada por medios nacionales respecto de si este tema será condicionante para las funciones de la convención, enfatizó que son planteamientos que «van en paralelo, no hay un condicionamiento político de parte de nosotros. Queremos garantía política, que es distinto», concluyó.
Finalmente, Olga Valenzuela, representante de los Derechos Humanos en La Serena, dice que sí hay presos políticos en Chile. Dice que se le viene a la mente los casos de «Akina Nakamura» y «Vicente Robledo». También el caso de «Alfredo Gómez», acusado de portar bombas molotov en una manifestación. El muchacho fue trasladado a Huachalalume donde estuvo ocho meses privado de libertad. Finalmente pudo ser liberado por faltas de pruebas.
