El Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha puesto sobre la mesa una propuesta de ley que, de aprobarse, marcará un hito significativo en la lucha por la justicia social en Chile: la Ley de Equidad Salarial. Este proyecto busca abordar una de las inequidades más persistentes en nuestra sociedad, la brecha salarial de género, y representa un compromiso claro con la igualdad y el respeto por los derechos de todas las personas.
La brecha salarial de género es una realidad indiscutible. Las mujeres, en promedio, ganan cerca de un 25% menos que los hombres por realizar trabajos equivalentes. El trabajo realizado por nosotras es infravalorado. Este fenómeno no solo refleja una injusticia económica, sino que también perpetúa una serie de desigualdades que las afectan en múltiples aspectos de nuestras vidas. A menudo, la disparidad salarial se traduce en menores ahorros para la jubilación, menores inversiones en salud y educación, y una reproducción de roles de género tradicionales que limitan las oportunidades de desarrollo personal y profesional de las mujeres.
Como Ejecutivo ingresamos indicaciones a un proyecto de ley sobre esta materia, que ya se está discutiendo en el Congreso; este es un paso audaz y decidido para corregir estas injusticias. Entre sus principales características, el proyecto perfecciona los procedimientos de denuncia, reconociendo el rol de la Dirección del Trabajo y los tribunales de Justicia, siendo estos últimos los llamados a conocer de la vulneración de derechos fundamentales producto de la discriminación, previa denuncia de la o el trabajador o la autoridad fiscalizadora. Además, los respectivos procedimientos internos existentes en las empresas serán un canal disponible adicional para las y los trabajadores.
Uno de los aspectos más destacables de esta ley es su enfoque en la transparencia, ya que siguiendo la experiencia internacional, se establecen medidas de publicidad o de reputación para las empresas, en busca de generar informes de brecha de las empresas obligadas a las evaluaciones, los que serán públicos, debiendo siempre resguardar toda información que pudiera afectar normas de competencia y/o datos personales de los trabajadores.
Por otro lado, es importante reconocer que la implementación de esta ley no estará exenta de desafíos. Las empresas deberán adaptarse a nuevas normativas y, en algunos casos, realizar cambios significativos en sus prácticas salariales. Sin embargo, es fundamental entender que estos desafíos son superables y que los beneficios a largo plazo superan con creces las dificultades iniciales. La equidad salarial no solo es un imperativo moral, sino que también puede traducirse en beneficios económicos tangibles, como un aumento en la productividad y una mayor retención de talento.
Ley de Equidad Salarial, por tanto, tiene efectos en el bienestar de las familias, en la competitividad de las empresas y en el desarrollo y el crecimiento del país. Comprometerse con la igualdad de remuneración es comprometerse con el trabajo decente y la justicia social. También con el éxito económico que buscamos para nuestro país.
En conclusión, la Ley de Equidad Salarial es más que una medida económica; es un acto de justicia social. Su aprobación y correcta implementación no solo cerrarán la brecha salarial, sino que también promoverán un cambio cultural hacia una mayor equidad e inclusión. El apoyo y la colaboración de todos los sectores serán cruciales para hacer de esta ley una realidad y, con ello, construir un Chile más justo y equitativo para todos y todas.
No hay justicia social y económica sin justicia de género.
Paulina Mora Lara, Seremi de Gobierno.
