Si bien la deuda se origina entre 2013 y 2017, el juicio comenzó durante 2018, periodo en que asumió Hernán Ahumada, el actual edil de Paihuano. El monto de la mora es de más de $ 700 millones, y luego de 5 años de tramitación, la corte le dio a la razón a los profesores, y por ende emitió una orden de arresto en contra del jefe comunal.
Fue en marzo del 2018 cuando se presentó una demanda por los docentes de Paihuano, con el patrocinio de la abogada Milena Tavra Torres, por el concepto de la bonificación proporcional de la ley 19.933, ante el tribunal de Vicuña por demanda laboral. El largo juicio finalmente concluye de forma favorable para los profesores, a quienes se les reconoció la totalidad de las pretensiones solicitadas al municipio.
En conversación con Milena Tavra, abogada que representa a los docentes de Paihuano, explica que «hay bastantes prestaciones que se dejaron de pagar a los docentes, normalmente por la vía de las remuneraciones, entre esas se contaba la bonificación proporcional de la ley 19.931, relacionado con lo que se conoce como ley SAE, una bonificación que se daba como parte del sueldo a los profesores».
«Esta bonificación proporcional se debió haber pagado durante años por sus horas de servicio y es algo imponible, y está formulada por un cálculo en la ley», dice Tavra.
La deuda empieza a originarse el año 2013 y se extendió en los siguientes 4 años, hasta el 2017, «las municipalidades, pensemos que por un descuido y después de no querer hacerse cargo de deudas pasadas y que aducen por un tema de contabilidad de ellos, no pagaron estos dineros, ocupándolos en otras cosas de educación».
En cuanto a la bonificación, la abogada explica que el profesor debería tener una cierta cantidad de dinero extra a la semana por hora de trabajo, pero esas platas fueron utilizadas para pintar la escuela o para arreglar jardines, pero no para el sueldo de los profesores.
«Algunos de estos juicios se llevaron a lo largo de Chile, y como los docentes tienen el derecho, los de Paihuano fueron de los últimos en demandar, en marzo del 2018, y por los montos se trató de llegar a un acuerdo amistoso con el municipio, el cual no tuvo lugar», añade.
Agrega que, «por lo que empieza este juicio, y demostramos totalmente en tribunales que el dinero de esta bonificación, que viene desde el Ministerio de Educación, que ingresó a las arcas del municipio en su momento, no fue traspasado al bolsillo de los profesores como dice la ley».
El largo juicio se hizo en tres oportunidades de manera oral, cuenta con más de 80 audiencias, «fue muy largo al no llegar a acuerdo, incluso después de técnicas dilatorias del municipio, como tratar de llegar acuerdo con los profesores, porque la municipalidad siempre estuvo en un muy mal pie jurídico, porque tuvieron muchos errores».
«Esto es un fallo histórico, porque hace años que no se ganaba en Chile, porque empezaron a prescribir y son muy pocos los que se han ganado en los últimos cuatro años, y la causa de Paihuano se ganó en un 100%, el magistrado nos dio todas las prestaciones que pedimos, los 5 años de bonificación proporcional, que fue demostrado en juicio, y no puede ser rebatible en segunda o tercera instancia», sostiene la abogada.
Cobranza y orden de
arresto contra alcalde
El juicio se encuentra concluido y la etapa actual es la cobranza, «ya no se tiene que discutir si es válido, solo cobrarlo, y estamos en esto hace cinco meses, y el municipio la única forma de comunicación que ha tenido con nosotros es por incidentes, que son pequeñas reclamaciones dentro del juicio, y el único objetivo es dilatarlo, porque no han presentado ningún argumento de pago, porque en esta etapa de cobro ya no corren sus argumentaciones, solo las que le da la ley».
«Es una deuda más bien histórica, iniciamos el juicio el 2013, pero la demanda y la sentencia han sido durante el periodo del alcalde Hernán Ahumada, y con él se han hecho diversas reuniones, solicitudes en su momento, para que no tuviesen un problema al momento que llegase la sentencia final y tuvieran que pagar», señala la abogada.
Comenta que «en este caso específico, si bien la deuda no se originó durante el periodo de Ahumada, sino en el anterior, pese a ello, él estaba enterado que le tocaba la sentencia de pago, y como se dictó sentencia durante su administración, él es personalmente responsable en caso de arrestos y situaciones penales».
La medida que está vigente es el apercibimiento o arresto, «este tipo de deudas, en cobranza y con comportamiento de no pagarlo, o en el caso de los alcaldes de no emitir un decreto siendo ordenado, acarrea inmediatamente el arresto, y es por eso que se está dilatando por parte de los abogados del municipio, en vez de hacer lo lógico, que sería pagar a los profesores la deuda, porque los docentes no tienen interés de ver al alcalde preso, son los medios que otorga la ley y es el apremio que se señala en el caso de las alcaldías».
Respecto a los plazos, Tavra señala que «la sentencia está totalmente firme, la cobranza salió en enero, no hay nada que discutir, entonces son meses y meses, si el alcalde es detenido, va a ser por negligencia por no hacer el decreto de pago con el concejo municipal, a quienes no ha reunido para tales efectos».
«Si no ha sido detenido, es por la tramitación de una acción dilatoria para alargar este tiempo».
«Un proceso arduo
para los docentes»
Luis Rojo, presidente del Colegio de Profesores de Paihuano, sostiene que previo al juicio, así como durante la tramitación, los docentes y sus asesores se han reunido en numerosas ocasiones con el alcalde y el concejo municipal, a fin de lograr un acuerdo económico razonable para las partes que permita poner término al litigio sin poner a la municipalidad en una mala situación económica producto del pago de este fallo, «el cual siempre se pronosticó como favorable a los docentes de Paihuano, por corresponderles la bonificación demandada tanto en derecho, como en principios y justicia, además del mal pie en que se situó la defensa municipal desde un principio».
«Este ha sido un proceso arduo para los docentes, pero que está llegando a su final. Veremos cuál es la actitud del municipio en lo sucesivo, ya que en estos instantes se encuentra en una actitud de dilatar el pago, evitando hacer frente a sus obligaciones legales, tal como en los años anteriores realizó distintas argucias a fin de dilatar el juicio y no enfrentar sus resultados», agrega el dirigente.
«Ya hemos sorteado varios obstáculos legales, por lo que sería bueno que el municipio diera cumplimiento a la sentencia, porque dilatar su cumplimiento no solo nos acarrea un perjuicio evidente, sino que este queda mal ante la comunidad, perdiendo toda credibilidad y confianza en momentos donde se exige que las instituciones públicas actúen con transparencia y de cara a la ciudadanía, cumpliendo sus obligaciones, más aún si son producto de la decisión de un tribunal», cierra.
