El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó acción judicial contra Lorenzo Pedro Iduya Ortiz de Luzuriaga, Nicolás Fabian Bakulic Govorcin, Karim Ale Daire Daud y Manuel Alejandro Daire Daud, quienes son los representantes de las inmobiliarias involucradas en el caso Papaya Gate, con un perjuicio fiscal asociado de $ 900 millones.
El Servicio de Impuestos Internos, a través de su Dirección Regional de La Serena, interpuso una querella por el delito tributario de presentación de declaraciones de impuestos maliciosamente falsas contra los representantes legales de las inmobiliarias involucradas en la venta de los seis lotes implicados en el caso del Papaya Gate, estas son Guayacán S.P.A., Inmobiliaria La Herradura S.P.A., Inmobiliaria La Serena S.P.A., Inmobiliaria El Faro S.P.A., Inmobiliaria Pan de Azúcar S.P.A. e Inmobiliaria Cerro Grande S.P.A. y contra todos quienes resulten responsables.
En ese sentido, las empresas representadas por Lorenzo Pedro Iduya Ortiz de Luzuriaga, Nicolás Fabian Bakulic Govorcin, Karim Ale Daire Daud y Manuel Alejandro Daire Daud, vendieron en 2020 al Gobierno Regional de Coquimbo seis bienes raíces por más $ 9 mil millones, muy superior a los $ 485.229.830 con que dichas inmobiliarias los adquirieron en 2014.
En el marco de la presentación de la querella, el subdirector jurídico del SII, Marcelo Freyhoffer, explica que «lo que buscamos con este tipo de acciones es entregar un mensaje claro, nadie debe afectar el desarrollo de nuestra sociedad al no pagar correctamente sus impuestos. Con esto además buscamos un efecto ejemplarizador, que desincentive a otros a realizar este tipo de delitos».
Luego de revisar los antecedentes de la carpeta investigativa que llevaba el Ministerio Público por fraude al fisco, asociado a esta compra, el SII logró detectar que el costo tributario de los inmuebles al momento de su venta era efectivamente excesivo, por lo que inició un proceso de auditoría tributaria para fiscalizar el correcto cumplimiento de la declaración y pago del Impuesto a la Renta de Primera Categoría y del Impuesto Único del artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, correspondiente al año tributario 2021, con la finalidad de detectar si la determinación del costo directo de los terrenos para el período comercial 2020 por parte de las sociedades mencionadas fue el que correspondía.
A partir de esta auditoría se pudo determinar que efectivamente el costo directo de los bienes raíces vendidos al Gobierno Regional de Coquimbo por parte de las sociedades inmobiliarias había sido incrementado de manera maliciosa mediante un proceso de reorganización empresarial injustificado, a través del cual imputaron como costo más de $ 3.881 millones, como consecuencia de un aumento de capital ficticio (suscrito, pero no pagado).
Con esta información, el SII inició un proceso de recopilación de antecedentes en contra de las seis sociedades, lo que permitió detectar que las declaraciones anuales de impuesto a la Renta, correspondientes al Año Tributario 2021, fueron presentadas de manera maliciosamente falsa, debido a que el costo tributario declarado en ellas fue generado artificialmente mediante una planificación tributaria fraudulenta.
El objetivo de esta planificación fue disminuir la base imponible del impuesto de primera categoría que se generaría con ocasión de la enajenación de bienes raíces de propiedad de las empresas ya indicadas. El perjuicio fiscal generado por concepto de Impuesto a la Renta en este caso es de cerca de $ 900 millones.
Origen del caso
Este caso se inició cuando el Ministerio Público comenzó una investigación criminal luego de haber sido informado por la Contraloría General de la República de los resultados obtenidos de una investigación administrativa en la que se detectó la compra, por parte del Gobierno Regional de Coquimbo de seis inmuebles a un precio muy superior al valor real de mercado.
Esta compra se realizó mediante un contrato de compraventa que no habría cumplido con el trámite de toma de razón de Contraloría General de la República, dado que este organismo no aprobó dicha operación.
En el marco de su investigación por fraude al fisco, el Ministerio Público informó al Servicio de Impuestos Internos de los antecedentes, con el objetivo de que este organismo pudiera investigar la posible existencia de delitos tributarios.
Una de las últimas informaciones que se conocieron el año pasado fue un lapidario informe de Contraloría que ratificaba los vínculos entre el ex administrador José Cáceres y las inmobiliarias que vendieron los terrenos.
