Violaciones, abusos y delitos sexuales cometidos en entornos conocidos siguen marcando la agenda investigativa en la región. El subprefecto Marcos Bórquez, a cargo de la unidad especializada, repasa cifras, barreras y estrategias frente a una criminalidad que rara vez se denuncia a tiempo.
Por Joaquín López Barraza
En la Región de Coquimbo, más de mil delitos sexuales fueron investigados por la PDI durante 2024. Y aunque el número por sí solo evidencia la magnitud del fenómeno, no dice todo: en la mayoría de los casos, la víctima conoce al agresor. “Puede ser un conocido, un amigo, alguien a quien logra reconocer”, explica el subprefecto Marcos Bórquez, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales. “Indistintamente del vínculo, la víctima logra identificarlo. Eso refuerza la importancia del autocuidado, incluso en entornos que uno cree seguros”.
La brigada que lidera Bórquez está compuesta por funcionarios especializados en delitos que atentan contra la integridad sexual, y su rol no se limita a la persecución penal. También se involucra en etapas clave como la toma de denuncia, la investigación, el trabajo pericial y, en coordinación con otros servicios, el acceso a instancias de reparación.
En 2024, la unidad investigó 1.119 delitos sexuales en la región. Se detuvo a 35 personas por estos delitos, y en total se arrestaron 512 personas por distintas causas. A pesar de la actividad, uno de los mayores desafíos sigue siendo el silencio. Según estudios de la Universidad de Chile, ENVIF y Fundación Amparo y Justicia, las víctimas pueden tardar en promedio entre 7 y 30 años en denunciar un abuso, especialmente cuando ocurrió en la infancia.
“Muchas veces se cree que, porque pasó hace tiempo, ya no sirve decirlo. Pero eso no es así. La denuncia es lo que nos da el inicio del proceso investigativo”, afirma Bórquez. “Gracias a la ley 21.057, hoy contamos con herramientas que evitan la re-victimización y permiten atender a la persona como merece: con prioridad, con respeto y con resguardo”.
El llamado, dice, es claro: “Aunque hayan pasado años, que esto no quede impune”. En su mirada, cada denuncia activa un mecanismo institucional que busca esclarecer los hechos y proteger a la víctima, sin importar cuándo ocurrieron los abusos. “La persona hoy en día puede sentirse completamente tranquila de que va a ser bien atendida”, asegura.
Los delitos sexuales, explica, no solo abarcan hechos consumados o con contacto físico. La brigada también aborda casos de abuso digital, difusión de material pornográfico, explotación de niños, niñas y adolescentes y grooming, entre otros. La aparición de nuevas plataformas ha complejizado el escenario: “Con la aparición de internet surgió un nuevo espacio donde se pueden cometer estos delitos. Por eso hoy trabajamos con herramientas como el agente virtual, que permite detectar a agresores en redes sociales, sin inducir la comisión del delito”, detalla.
El subprefecto insiste en que las investigaciones son rigurosas y científicas, lejos del mito de la “funa digital” como vía para hacer justicia. “Hay un estándar de prueba altísimo. Nosotros reunimos antecedentes objetivos, análisis de dispositivos, cámaras, sitios del suceso. Todo el trabajo está orientado a presentar un caso sólido ante el Ministerio Público”, afirma.
Desde su mirada, la ciudadanía cumple un rol insustituible. Casos recientes han mostrado que una grabación oportuna, una denuncia anónima o incluso una publicación en redes puede activar una investigación: “La ciudadanía es un actor fundamental. El éxito de una investigación no depende solo de la policía o de la fiscalía. Muchas veces, una denuncia es el punto de partida”.
A medio año de asumir la jefatura de la unidad, Bórquez no se refiere a si los delitos han aumentado o disminuido —“eso requeriría cifras”—, pero sí detecta una constante en cuanto al flujo de denuncias y solicitudes. También valora la modernización interna: la digitalización de los canales con Fiscalía, como plataformas que han permitido intercambiar evidencias y declaraciones de forma más rápida y eficiente.
“Nuestro gran desafío es estar a la altura de las demandas de la ciudadanía. Que una persona pueda caminar tranquila, ir a una fiesta sin miedo, que niños y adolescentes estén seguros. Esa sensación de seguridad también es parte de lo que hacemos cada día”, sostiene.
Detrás de cada caso investigado, hay una historia que muchas veces estuvo años en silencio. Por eso, advierten desde la PDI, la denuncia no solo abre una causa judicial: es también una forma de romper el círculo de impunidad y darle voz a quienes, por mucho tiempo, creyeron que ya era tarde.
