La Fiscalía de Valparaíso ordenó la recopilación de antecedentes en el marco de la investigación por presunto fraude al fisco en el caso denominado «Papaya Gate», que involucra a la ex intendenta Lucía Pinto y asesores. Desde el lunes la PDI entrevista a testigos y toma el control de computadores y celulares desde las oficinas de la intendencia. La información se entregó de manera voluntaria.
Actualmente el Gobierno Regional de Coquimbo es investigado por al menos dos transacciones que no contaron con la toma de razón, o el visto bueno, de Contraloría. El primero en salir a la luz fue la compra del terreno para el futuro hospital de Coquimbo, hecho por trato directo, con una inversión de más de 6 mil millones de pesos, que fue objetado por la entidad fiscalizadora.
En segundo lugar, fue la compra del terreno para el futuro centro deportivo en San Ramón, por $ 9.800 millones, conocido como el «Papaya Gate», que terminó con la salida de la ex intendenta Lucía Pinto, luego que la Fiscalía iniciara una investigación por presunto fraude al fisco.
Los hechos
El Gobierno Regional de Coquimbo pagó casi siete veces más que su avalúo fiscal por los seis predios identificados en la compra por los terrenos para levantar el complejo deportivo San Ramón, luego que la Contraloría objetara, en cuatro oportunidades, el trato directo suscrito con la Inmobiliaria Guayacán SpA y otras, el pasado 9 de octubre de 2019.
El organismo de control no tuvo a la vista evidencia suficiente que justificara que el precio fijado en el contrato de $9.800 millones, correspondiera a su justo valor, ya que el Gore aportó documentos, especialmente tasaciones comerciales de los terrenos, con valores sustancialmente diferentes.
De hecho, la Contraloría detectó que el monto pagado por los terrenos es superior al precio por metro cuadrado ofertado por el vendedor en la carta de intención de venta y advirtió que los predios fueron inscritos en el Conservador de Bienes y Raíces a nombre del Gobierno Regional, sin que haya visado la legalidad del contrato de compra.
Primeras diligencias
del Papaya Gate
Dentro de las sigilosas diligencias para recabar los primeros antecedentes, la Fiscalía local de Valparaíso ordenó que se solicitaran los computadores y celulares de los funcionarios cercanos a Lucía Pinto, así como también realizaron diversas entrevistas a trabajadores de la repartición del Estado, todo hecho de manera voluntaria de parte de los trabajadores.
Las indagatorias, que están a cargo de la Brigada Anticorrupción de la PDI de Santiago, se realizaron principalmente entre lunes y martes. Desde la Fiscalía de Valparaíso señalaron que las informaciones son reservadas y parte de la misma investigación, hasta este momento.
Fuentes al interior del Gobierno Regional señalaron a LA REGIÓN que la PDI interrogó a los funcionarios claves, entre ellos los distintos jefes de las divisiones y del Departamento Jurídico. En un principio se pensó que renunciarían junto con la intendenta Pinto, toda vez que son cargos de su plena confianza, sin embargo siguen en sus funciones.
Entre los interrogados del Gobierno Regional estarían Eduardo Espinoza, jefe del Departamento Jurídico; Christian Vine, de la División de Infraestructura y Transportes; y Claudio Daud a cargo de la División de Fomento e Industria, entre otros.
Además de Lorena Araya, jefa de la División de Administración y Finanzas; y la jefa de la División de Presupuesto e Inversión Regional, Rocío Ramírez.
Colaboración con la investigación
En una entrevista previa con LA REGIÓN, el seremi de Gobierno, Ignacio Pinto, había señalado que como Gobierno y como Intendencia de Coquimbo iban a poner a disposición todos los antecedentes que sean necesarios para colaborar con la investigación, tal como lo han hecho hasta ahora con la Contraloría.
¿Cuál es el rol de la Brigada Anticorrupción?
La Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana (Briacmet) comenzó a funcionar en enero de 2016, bajo la dependencia de la Jefatura Nacional de Delitos Económicos y Medio Ambiente (Jenadem) de la PDI.
Su función principal es investigar los delitos económicos de corrupción pública, contemplados en el título V del Código Penal «de los crímenes y simples delitos cometidos por empleados públicos en el desempeño de sus cargos».
Referidos a aquellos delitos que atentan contra la probidad administrativa y que son de alta complejidad, donde estén involucrados empleados que ostenten un alto cargo público, relacionado con delitos de fraude al fisco, malversación y distracción de caudales públicos, cohecho y soborno, así como también negociación incompatible y tráfico de influencias.
