Esta semana, la Presidenta Michelle Bachelet firmó la primera gran iniciativa de la Reforma Educacional, catalogada como «la más importante de los últimos 50 años». El proyecto busca terminar con el lucro en la educación escolar, como también con el financiamiento compartido (copago) y la selección de alumnos en los establecimientos educacionales.
Por ello, el seremi de Educación, Pedro Esparza, profundizó en los alcances de las primeras iniciativas enviadas al Congreso, recalcando que no se terminará con los colegios particulares subvencionados, y que no perderán dinero, pues el Estado se hará cargo del copago que hoy cancelan los apoderados, que estriba entre los $15.000 hasta los $85.000 que es el valor tope.
¿Qué significan estos tres primeros proyectos que se ingresan a la Cámara de Diputados?
«Estos tres proyectos tienen el propósito de hacer una gran reforma educacional que busca responder a las demandas que la ciudadanía, de manera muy masiva, ha apoyado tanto como fue en el movimiento de los Pingüinos en el año 2006 y también de la movilización estudiantil en el año 2011. Simplemente no se trata de porque haya un grupo masivo de jóvenes o de niños que se han movilizado, pero implica que la ciudadanía así lo ha expresado, forma parte sustantiva del Programa de la Presidenta Bachelet, de introducir cambios significativos en nuestro sistema escolar que apuntan a un sueño: un país mucho más equilibrado».
Uno de los puntos que más se ha criticado, a partir de la movilización estudiantil, es el tema del lucro ¿cómo se va a erradicar definitivamente?
«Hay dos opciones, digamos, en lo que corresponde a educación parvularia, básica y media. Se va a prohibir el lucro y después que se apruebe la ley va a haber dos años de plazo para los sostenedores particulares subvencionados, y ellos tendrían dos opciones, se convierten en establecimientos particulares pagados o aun manteniéndose como particulares pagados dejan de lucrar con los recursos que recibe del Estado. Por lo tanto, debieran constituirse como personalidad jurídica sin fines de lucro y dejar de lado una serie de práctica que hoy día ocurren, como arrendar el inmueble donde funciona el establecimiento que habitualmente se hace a un cercano donde hay una serie de negocio».
¿Va a ser una condición que la corporación que se va a formar sea dueña del inmueble?
«Eso será fundamental. Y además, también todos los recursos que se reciban por la subvención se reinviertan por el establecimiento, para los fines educativos, para los fines para los que fueron entregados esos recursos».
¿Tal como ocurre con los subvencionados sin fines de lucro de la actualidad?
«Justamente. En este caso, no estamos terminando con la provisión mixta del sistema escolar, no estamos terminando con los particulares subvencionados, pero sí con aquellos que lucran con los recursos que reciben del Estado. Es muy importante hacer ese distingo».
¿Habrá mayor fiscalización tomando en cuenta que hace unos años, en un colegio de La Serena, si bien era sin fines de lucro, su sostenedora estaba incurriendo en irregularidades?
«Sí, obviamente de manera importante vamos a entregarle a la Superintendencia de Educación en este caso, de mayores atribuciones como está establecido el proyecto de ley para que, efectivamente, pueda fiscalizar y controlar que a los recursos financieros se les dé el uso que corresponde».
El tema del copago es lo que más preocupa a los colegios subvencionados ¿cómo va a ser su eliminación?
«Va a haber una eliminación progresiva, gradual. De hecho, son 10 años, no va a haber ningún proceso traumático de la noche a la mañana de la situación. Si esto se implementa como está establecido son prácticamente puras ganancias, porque el particular subvencionado no pierde ese recurso, esa diferencia la recibe por parte del Estado. En este momento, el copago está vinculado a la unidad de subvención, entonces si esta sube, también sube el copago que en este caso paga el apoderado. Ahora se va a separar, la subvención es una cosa, el copago otra, se va a separar, se va a congelar lo que paga el apoderado por concepto de copago y la diferencia lo va a proveer el Estado, por lo tanto el sostenedor no va a perder recursos, y además, ganan las familias».
