La persecutora a cargo de investigar el denominado «Papaya Gate», donde se pagaron 9.800 millones de pesos por parte del Gore, por terrenos avaluados en $ 4.000 millones, se defiende de permanentes críticas por parte de parlamentarios, debido a que, señalan, las indagatorias no avanzarían. Explica que está agotando todas las instancias para formalizar a los imputados y descarta una sobrecarga laboral, como han señalado algunos, ya que, asegura, pese a estar el frente de casos emblemáticos, no trabaja sola y mantiene una coordinación constante con los 76 fiscales adjuntos en Valparaíso.
Fue el 24 de septiembre del 2020 cuando estalló el caso denominado «Papaya Gate», en el cual el Ministerio Público investiga un presunto Fraude al Fisco por la compra irregular de un terreno en 9.800 millones de pesos en La Serena, en 2019, durante la administración de Lucía Pinto, quien era la intendenta en esa época.
Montos «inflados»
La tasación original del espacio ubicado en San Ramón era de 4.000 millones de pesos, cifra mucho menor a la que terminó desembolsando el Gobierno regional. Contraloría advirtió de aquello y en cuatro oportunidades negó la Toma de Razón por la compraventa, un trámite ineludible para transacciones de esta naturaleza que involucran fondos del Estado. Fue así como, entonces, a espaldas del ente fiscalizador igualmente se adquirieron los terrenos, presuntamente de manera ilegal.
Una vez que la Contraloría se enteró de que la compra se había llevado a cabo «a sus espaldas», pusieron los antecedentes a disposición de la Fiscalía, y el persecutor jefe nacional de ese momento, Jorge Abbot, dio la orden de investigar por presunta defraudación fiscal.
Críticas al Ministerio Público
En octubre de 2020 comenzaron las indagatorias, designando a la Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, a cargo del caso. Pero lo cierto es que, hasta ahora, transcurridos tres años y medio desde el inicio de la investigación, en lo penal poco es lo que se ha avanzado, pese a que ya existen sanciones administrativas contra los presuntos responsables, entre ellos Lucía Pinto, ex intendenta, y José Cáceres, ex administrador regional, principales imputados por este desfalco.
El nulo avance, en términos de determinar responsabilidades jurídicas, ha desatado una ola de críticas de parlamentarios locales, quienes reclaman «inacción» por parte de Perivancich, e, incluso, han solicitado a través de misivas y reuniones que se cambie a la persecutora por alguien de la zona, ya que, aseguran, «no se estaría dando la relevancia que el caso requiere».
Perivancich responde
Pese a que habitualmente la fiscal jefa de Valparaíso suele guardar silencio ante las críticas, esta vez, consultada por Diario La Región, respondió a los parlamentarios que la critican y explicó por qué existiría una eventual demora, aduciendo a que todo se enmarca y tiene que ver con seguir al pie de la letra los procesos legales.
En primer lugar, descarta categóricamente el que se haya dejado de trabajar en esta investigación en algún momento, y que la razón por la que se percibe cierto «estancamiento» tiene que ver con la complejidad del caso. La causa está en curso, por ahora desformalizada. «Se trata de una investigación compleja, en que se han decretado y desarrollado múltiples diligencias. Entre ellas toma de declaraciones, recopilación de documentos y análisis técnico de los mismos; inspecciones personales en los terrenos adquiridos; elaboración de informes periciales y elaboración de informes técnicos del SII», manifestó la persecutora.
Además, la fiscal reveló que, pese a que la mayoría piensa que sólo se investiga el eventual fraude, existe una segunda arista, la que tiene que ver con la posible existencia de delitos tributarios. «Existe más de una línea de investigación abierta, en efecto, por un lado, la eventual existencia de un delito de fraude al Fisco, y, asimismo, la posible existencia de delitos tributarios», indicó Perivancich, agregando, respecto a la inexistencia de formalizados hasta ahora, que «ello se debe a que se ha estimado necesario agotar al menos los aspectos centrales de las exigencias típicas de los delitos sobre la base de los cuales se estima pudiera construirse una imputación».
¿Sobrecarga laboral?
Otro de los puntos a los que aluden los parlamentarios que critican a Perivancich, es que estaría sometida a una sobrecarga laboral que le impediría centrarse en el «Papaya Gate», a lo que la persecutora responde con datos y cifras, que dan cuenta de que, pese a que está a cargo de varios casos, no trabaja sola. «Si bien existen otras investigaciones relevantes, la región de Valparaíso cuenta con 76 fiscales adjuntos, entre ellos fiscales especializados que asumen permanentemente causas de alta connotación o de relevancia extraordinaria por la gravedad de los delitos, el número de personas afectadas u otras consideraciones», sostiene la persecutoria, y da una muestra: «Por ejemplo, ocurre con la causa por el mega incendio que afectó a Viña del Mar hace un mes, actualmente a cargo del fiscal especializado en esa materia y jefe de la Fiscalía Local de San Antonio; otro tanto en relación con la causa SQM, en que hay un equipo de fiscales asumiendo la cobertura del juicio oral», remarca la abogada.
Trabajo en equipo
En ese sentido, enfatiza que en el «Papaya Gate» también existe un equipo de profesionales detrás de ella, respaldándola y ejecutando las directrices que ella entrega. «En esa línea, quien está trabajando conmigo la causa GORE Coquimbo es la Unidad Regional Anticorrupción. Mi labor es establecer las líneas de acción, dirigir y coordinar lo necesario en las causas en que personalmente intervengo, como esta, no así ejecutar cada una de las decisiones o participar en cada actuación investigativa o judicial», finalizó Claudia Perivancich.
