Aseguran que la posibilidad de que la autoridad vuelva a participar en la comisión de ministros, afectaría la imparcialidad del proceso, además de no respetar una resolución judicial.
El diputado por la región de Coquimbo, Marco Antonio Sulantay, presidente de la comisión de Minería y Energía de la Cámara Baja, junto al diputado Cristóbal Martínez, integrante de la comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, oficiaron este miércoles a la Contraloría General de la República, solicitando que se inhabilite a la ministra de dicha cartera, Maisa Rojas, de las futuras votaciones sobre el proyecto minero-portuario Dominga, luego que esta semana el Tribunal Ambiental de Antofagasta cuestionara a la secretaria de Estado por no abstenerse de la votación en la que el Comité de Ministros rechazó la iniciativa, considerando que antes ya se había pronunciado en contra de la idea.
Al respecto, cuestionaron a la ministra del Ministerio Ambiente por no anunciar este martes que se inhabilitará de las siguientes votaciones, pese a que el mismo tribunal criticó su participación respecto al proyecto Dominga, por lo que ambos parlamentarios decidieron recurrir al órgano contralor para que pueda ordenar a la secretaria de Estado abstenerse de los futuros procesos, considerando que el Comité de Ministros deberá tratar nuevamente el proyecto.
«Más allá de la legítima posición que cada persona o sector pueda tener con respecto a esta iniciativa, es absolutamente inaceptable y una falta de prudencia que la ministra del Medio Ambiente, existiendo un fallo de un tribunal de por medio, que hoy no confirme que lo hará en los siguientes procesos. Ella tiene una posición personal con este proyecto, que siempre la ha hecho pública y que es respetable, sin embargo, esto evidenciaría la falta de imparcialidad y objetividad de ella en el tema», cuestionaron los UDI.
De todas maneras, junto con el requerimiento ante la Contraloría, los diputados Sulantay y Martínez anunciaron que también citarán a la ministra Rojas a la Cámara Baja las próximas semanas.
«Ninguna autoridad puede adelantar un juicio respecto de un asunto del cual tiene que pronunciarse, porque es evidente que se ve afectada su imparcialidad, tal como lo estableció el Tribunal Ambiental de Antofagasta. Sin embargo, lo preocupante es que la ministra Rojas se manifieste contraria a una resolución judicial y amenace con no respetarla. Por eso creemos prudente que sea la Contraloría la que establezca si corresponde o no que se inhabilite de este caso», reiteraron los parlamentarios.
