Dirigentes de las Juntas de Vigilancia del Río Choapa, y del Río Illapel, de la Junta de Vigilancia del Río Tinguiririca y la ONG “Me Comprometo”, ambas de la Región de O Higgins, asistieron a una audiencia convocada por la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado en el ex Congreso de Santiago, que busca recoger las inquietudes de los regantes y los movimientos sociales sobre la Reforma al Código de Aguas.
Si bien esta nueva instancia se enmarca en una ronda de audiencias que está llegando a su fin antes de la votación general del texto, los agricultores de la provincia del Choapa han reiterado sus reparos en torno a algunos artículos del proyecto, como el cambio de los permisos perpetuos de los derechos de aguas a una concesión temporal y que este nuevo sistema no afecte los derechos de aprovechamiento ya adquiridos.
Luis Lohse Presidente de la Junta de Vigilancia del Río Choapa, valoró que la Reforma al Código de Aguas garantice, entre otras cosas, el agua para el consumo humano y refuerce el funcionamiento de los Comités de Agua Potable Rural.
Sin embargo, aseguró que aún existe incertidumbre en materias como el rol fiscalizador de la Dirección General de Aguas y el fortalecimiento de las organizaciones de aguas.
“Podríamos decir que el uso efectivo de las aguas si está considerado dentro de la reforma, también el consumo humano están garantizado y eso es importante. Ahora es necesario fortalecer el rol fiscalizador de la DGA con más recursos. También se echa de menos un fortalecimiento de las organizaciones de aguas, como las Juntas de Vigilancia, que estamos preocupados los 365 días del año de regular y distribuir el agua y no vemos que esto esté precisado en la reforma”, dijo.
Por su parte, el Presidente de la Junta de Vigilancia del Río Tinguiririca, Jorge Villagrán, señaló que la reforma debe continuar en análisis, debido a que aún persisten dudas en la aplicación de la ley.
Fernando Peralta, Presidente de la Confederación de Canalistas de Chile, aseguró que la prioridad para los agricultores es que se respete el derecho de propiedad y que esta reforma no tenga aspectos de inconstitucionalidad.
“Poco a poco las organizaciones de usuarios del agua han ido decantando en una posición bastante uniforme de la necesidad de afinar la reforma al Código de Aguas para que se respete el derecho de propiedad y para que no se pase por encima de la constitución”.
En respuesta a los dichos de Diego Shalper, quien afirmó que el proyecto tendría visos de inconstitucionalidad, la asesora Legislativa de la Dirección General de Aguas, Tatiana Celume, dijo que la discusión del proyecto debe enfocarse en una mayor comprensión respecto a la definición del derecho de aprovechamiento y el agua como bien de uso público.
“Esta es una discusión que tiene que seguir abordándose y vamos a continuar en la Comisión de Agricultura y luego en la Comisión de Constitución y que requiere una mayor maduración. El problema es que aún se confunde el derecho de aprovechamiento con la connotación del agua, ambos son conceptos distintos”.
La Presidenta de la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado, la senadora Adriana Muñoz, señaló que si bien desde el principio de la tramitación de este proyecto han escuchado a las organizaciones de todo el país, el Senado está consciente que deben asegurar una redacción de la ley que garantice certeza jurídica de los derechos de aguas ya otorgados.
“Hay una incertidumbre en las Juntas de Vigilancias. Ellos quieren una redacción que de certezas jurídicas de que los derechos de aguas van a poder continuar usándolos, tal cual lo señala la legislación actual. En eso estamos absolutamente de acuerdo y daremos una redacción del artículo 1 transitorio”, señaló la parlamentaria.
