Mientras la DC apoya la idea, el PC y el PS la rechazan. Los militares
darían protección a la infraestructura crítica. «No estarán en las calles», aclaró ayer por la tarde el propio mandatario, insistiendo en que se trata de cuidar instalaciones críticas para que el país funcione con normalidad.
«Me parece incomprensible que el Presidente insista en proyectos de ley e iniciativas represivas cuando es evidente que el estallido social que vive Chile tiene que tener una solución política y medidas sociales», dijo el diputado comunista Daniel Núñez.
En la misma línea aseguró que «quienes crean que sacar nuevamente los militares a las calles resuelve algo, les recuerdo que en estado de excepción salieron y las protestas continuaron; y lamentablemente eso tuvo como consecuencia, por ejemplo en nuestra región, la muerte de Kevin (Coquimbo) y Romario (La Serena)».
Respecto a qué se busca con esta medida, señaló que «francamente no sé. En vez de privilegiar el camino político, la solución democrática, las respuestas a las demandas sociales…»
Raúl Saldívar, PS, apuntó que «el anuncio que entregó el Presidente me parece en primera instancia y sin tener todos los antecedentes a la mano, un asunto abiertamente inconstitucional».
Es un anuncio controversial, y en la práctica, la lógica que está detrás de esta determinación responde a lo que conocimos como la doctrina de la seguridad nacional, en el sentido de que tenemos un enemigo interno que pone en riesgo y en peligro el destino de la patria, manifestó el parlamentario.
El DC Matías Walker precisó que «es muy importante que exista un gran acuerdo en materia de seguridad, pues existe un grupo minoritario de violentistas a quienes no les interesa la agenda social ni una nueva Constitución, y lo que quieren es seguir generando hechos de violencia. Y existe una mayoría que queremos avanzar en justicia social, en equidad, pero también en orden público, con pleno resguardo a los Derechos Humanos, y por eso nos hemos mostrado dispuestos a analizar la propuesta del gobierno, que es similar a lo que ha ocurrido en otros países donde se permite excepcionalmente a las FF.AA. poder resguardar la infraestructura critica que dice relación con servicios sociales para la población, y en donde no podemos seguir tolerando que se sigan quemando hospitales, como pasó en Coquimbo».
Francisco Eguiguren, RN, afirma que «para que nuestra región vuelva a crecer, a desarrollarse, y que se cumplan las demandas justificadas, las demandas sociales que quiere la ciudadanía y que además son muy urgentes, se tiene que reestablecer el orden público y la seguridad, por eso festejo y me alegra que el Presidente haya respaldado con la fuerza que corresponde a nuestros Carabineros de Chile y a las Fuerzas de Orden y Seguridad, camino básico para que las demandas sociales justificadas se puedan cumplir y abordar».
Para Juan Manuel Fuenzalida, UDI, «el debilitamiento de nuestras Fuerzas de Orden y Seguridad solo favorece a la violencia y la delincuencia». Por tanto, «desde la UDI hemos reconocido siempre la abnegada labor que cumplen nuestros policías todos los días, arriesgando sus propias vidas e integridad física para protegernos. Así que creemos que es fundamental que la ley permita a nuestras FF.AA., sin necesidad de decretar Estados de Emergencia Constitucional, ni de restringir las libertades y derechos de los ciudadanos, colaborar en la protección de nuestra infraestructura crítica, incluyendo servicios públicos esenciales e infraestructura policial».
A juicio del gremialista, «resguardar esta infraestructura es clave si queremos garantizar la seguridad y calidad de vida de todos los chilenos».
Tras esto, explicó que «Chile se pone a la par de la legislación de países desarrollados como Canadá, Francia e Italia».