Liderados por el Coordinador de Seguridad Pública, Abel Lizama, estos controles se enmarcan dentro de una estrategia macro que se lleva a cabo en todo el país. En la zona, han existido buenos resultados y el objetivo final es bajar la percepción de inseguridad y también los niveles de victimización. La labor es conjunta y participan los municipios, Seremía de Salud, Dirección del Trabajo, Impuestos Internos, PDI y Carabineros.

Durante el último tiempo hemos visto intensas fiscalizaciones que se han desarrollado en zonas céntricas tanto de La Serena como de Coquimbo, particularmente en los locales nocturnos, donde se cometen una serie de incivilidades que pueden dar lugar a delitos.

También, las autoridades se cercioran de que los recintos y las personas que allí trabajan tengan su documentación al día, cumplan con la normativa sanitaria y económica.

Pero esto no es casualidad. Según afirma el coordinador regional de Seguridad Pública, Abel Lizama, esto se enmarca dentro de un Plan Nacional de Fiscalizaciones, que nace a raíz del incremento de los delitos de alta connotación social que se han registrado, especialmente el año pasado, donde existió un alza de los homicidios a nivel regional.

«Nuestro Subsecretario de Prevención del Delito creó este plan que se está dando a nivel país, en todas las regiones llevado a cabo por el coordinador regional de Seguridad Pública y bajo instrucciones de nuestro delegado presidencial Galo Luna», señala Lizama.

En esa línea, los trabajos se realizan con mayor intensidad en las comunas de la conurbación, La Serena y Coquimbo, y también en Ovalle, donde, dice Lizama, la delegada provincial de Limarí, «ha estado colaborando para realizar un trabajo mancomunado. Aquí tiene que haber una labor bien ordenada entre las instituciones que van a fiscalizar, y es fundamental la labor que cumple Carabineros de Chile, porque todos vamos a resguardo de ellos».

Trabajo DE NOCHE

Durante la última fiscalización nocturna que se realizó, estuvo presente la municipalidad de La Serena con sus inspectores, DOM, Impuestos Internos, Seremía de Salud y Dirección del Trabajo, y efectivamente se cursaron partes y multas.

Consultado Lizama respecto a indicios de prostitución o trata de personas, señaló que no tenían nada que lo pudiera comprobar. «Primero, el tema de la trata de personas es súper complejo de denunciar o buscar los elementos que lo configuren, por tanto, todos los indicios que podamos encontrar inmediatamente levantamos las alertas al Ministerio Público», explicó.

Elementos comunes

Lizama señaló que cuando existe trata de personas, generalmente suele suceder que las trabajadoras no portan sus documentos, sino que estos están en posesión del dueño del local. «No digo que siempre sea así, pero es un indicio. Esto no se ha dado hasta ahora, lo que sí se da mucho con los extranjeros es que señalan que no tienen sus documentos o cédula de identidad, porque dicen que se las pueden robar, así que las guardan en sus casas, entonces, lo que ocurre ahí es que son trasladadas a la PDI, al departamento de Extranjería, y ellos verifican la calidad en que están en el país».

Respecto al comercio sexual, Lizama remarca que no es un delito, pero sí debe regularse, por lo que es algo que están supervisando.

El trabajo realizado tiene como objetivo final bajar los niveles de percepción de inseguridad y también de victimización, en los que la región, según la última encuesta ENUSC, tiene números diversos considerando los dos ítems. Respecto a la sensación, tenemos un 87%, pero en cuanto a la victimización, es de 15,7%.

«Es decir, en cuanto a victimización al menos, que son los delitos concretos, estamos bajo el promedio nacional y de la macrozona norte, donde somos la de mejor promedio, pero igual hay que hacerse cargo de la percepción que tiene la gente», sostuvo Lizama.

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