Este viernes, el TRICEL determinó que Krist Naranjo fuera removida de su cargo definitivamente, y tras ello los consejeros regionales salieron a aplaudir la medida, ya que siempre tuvieron una «batalla» contra la autoridad. Desde el parlamento, diputados y senadores de distintos sectores coinciden en que este dictamen le hace bien a la región.

Siguen las repercusiones tras la remoción del cargo de la, a estas alturas, ex gobernadora regional Krist Naranjo. Resulta que antes de que cumpliera la sanción que la inhabilitó por dos meses como autoridad y con la mitad del goce de sueldo, llegó la peor noticia para ella. Y es que finalmente el Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) dictaminó en fallo con fecha 23 de agosto del 2024, que Krist «sea removida de su cargo, que quede inhabilitada para ejercer cualquier cargo público por el término de cinco años y que se la condene en costas».

De esta forma, Naranjo se va de la peor manera, por la puerta chica. Además sus aspiraciones de optar a algún otro cargo de elección popular se van al tacho de la basura una vez más, luego que tampoco pudiese ir a la reelección como Gobernadora, tal cual ella misma lo había señalado.

«Algo positivo»

Sin duda se trata del hecho político más relevante de los últimos años en la Región de Coquimbo. Y, por supuesto, las reacciones no se han hecho esperar. El delegado presidencial Galo Luna fue cauto, pero enfático en dar su mirada, siempre hacia el futuro, remarcando que hay que seguir avanzando. «El sistema de justicia funciona. Ya no hay tiempo que perder, es hora de enfocarse en el desarrollo de la región y mejorar la calidad de vida de las familias de este territorio», expresó.

En tanto, el actual Gobernador Suplente y candidato al cargo, Wladimir Pleticosic (DC), también tuvo palabras para la resolución, señalando que como cores los deja tranquilos. «Siempre entendimos que era una situación que debíamos denunciar. El notable abandono de deberes se configuró notoriamente en muchas ocasiones y hoy día lo que hace el TRICEL es ratificar lo que denunciamos».

Por su parte, la consejera Ximena Ampuero dijo estar «contenta» respecto de la sentencia del Tribunal Calificador de Elecciones, que acogió lo que ellos solicitaban. «Esto nos da para seguir trabajando como consejeros y consejeras regionales, tal y como nos escogió la ciudadanía, porque estos dos meses en que ella estuvo ausente, logramos sacar muchos proyectos adelante. Finalmente se termina este gobierno nefasto y narcisista que teníamos».

Contentos a nivel transversal

Otro de los candidatos a Gobernador, hoy core, que batalló contra Naranjo, es Javier Vega (PC), quien enfatizó que la resolución da validez a todas las acusaciones. «Esta sanción, que promoví como representante de un conglomerado político, viene a ratificar la validez de las acusaciones que presentamos en distintas instancias desde el Consejo Regional contra Krist Naranjo», sostuvo, agregando que, «tenemos plena certeza de que estas prácticas no son parte de una buena gestión y lo expresamos desde el primer momento en que se conocieron los hechos. Valoro que las instituciones funcionen y traten de resguardar el buen ejercicio de la política en la región de Coquimbo», culminó.

Lombardo Toledo, siempre en su tono, fue un detractor de la gestión de Naranjo, y al enterarse de la noticia, puso el acento en cómo se había estado postergando el progreso de la región debido a la unilateralidad de la gobernadora, más allá de que haya sido democráticamente elegida. «Nosotros, comparados con otras regiones, nos habíamos retrasado en la gestión y en el compromiso con la gente. Por lo tanto, a partir de este momento esperamos que puedan tener esperanza a través de proyectos y obras y poder trabajar en conjunto con la delegación presidencial y el gobierno central (…) Ella jugó con el sentir ciudadano», dijo el core de la DC.

Desde la UDI, el consejero Cristian Rondanelli, hace hincapié en el énfasis puesto por el consejo regional de Coquimbo, ya que, señala, se hizo una labor metódica, con los trabajadores, y contratando a un abogado especialista para realizar este trabajo. «Nosotros dimos un ejemplo, porque hay otros gobiernos a nivel país que se han visto envueltos en el caso convenios y en otros temas que son de fraude y que no han logrado ponerse de acuerdo para generar las acusaciones necesarias en contra de aquellos gobernados», postuló.

El consejero Francisco Martínez se mostró sorprendido con la determinación, pero más que por el resultado, por el momento en que se da a conocer, ya que no esperaba que fuese tan pronto. «Esta fue una lucha de todos los consejeros para destituir a la Gobernadora por notable abandono de deberes (…) Además sienta un precedente a nivel nacional, ya que hay otros gobernadores en el sur que han estado involucrados en el caso Fundaciones y que no han podido destituir», asevera.

Parlamentarios:
un paso al frente

Desde el Congreso, el senador Matías Walker felicitó a los consejeros. «Quiero felicitar a los consejeros regionales por la determinación que tuvieron, felicitar a los funcionarios del Gobierno Regional que fueron perseguidos, que fueron objeto de maltrato, por la valentía que tuvieron de enfrentar esta situación, de denunciar las irregularidades a todos los que fiscalizaron y que finalmente han logrado este resultado. Es de esperar que ahora los consejeros y consejeras regionales puedan llegar a un acuerdo para que al margen de la disputa política electoral podamos tener el mejor gobernador interino que permita sacar adelante los proyectos de la región, que es lo más importante», manifestó.

Carolina Tello, diputada, sostuvo que «nos parece una muy importante noticia el fallo que destituye a la actual Gobernadora. Esto marca un precedente en materia de transparencia y probidad, y nos parece muy importante que esto se ejecute a la brevedad».

Por otro lado, el también diputado UDI, Marco Antonio Sulantay, expresó que la determinación da una señal de transparencia.
«Desde el punto de vista de la transparencia y la probidad es muy bueno que la institucionalidad entregue este tipo de señales para que todas las autoridades que cometan errores voluntarios o involuntarios en la administración pública sepan que pueden perder sus cargos por esas acciones», culminó.

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