Un complejo escenario se está configurando para el despacho del proyecto de reajuste del sector público, después que los parlamentarios Daniel Núñez, Raúl Saldívar y Matías Walker, junto a los presidentes de los partidos y dirigentes de la Anef, expresaran en una carta entregada a la intendenta todo su malestar y preocupación por los despidos «injustificados» en el sector público, llegando a más de 60 en las dos últimas semanas.
Tajantes fueron en señalar «que existe un acuerdo para no votar el proyecto de reajuste al sector público en tanto no se forme una mesa de trabajo a nivel nacional para revisar cada uno de los casos», dijo el diputado Walker, jefe de bancada de los parlamentarios DC.
Agregó que «el mismo día que el gobierno llegó a un acuerdo con los funcionarios públicos para el reajuste al salario mínimo, incumplió uno de los acuerdos que precisamente se había adoptado con las organizaciones, que era respetar la dignidad de la función pública y atenerse a las recomendaciones que Contraloría ha señalado respecto a la materia y que ha sido clara en señalar que sólo los funcionarios de exclusiva confianza política pueden ser objetos de desvinculaciones, para qué decir los dictámenes de la contraloría que habla de la titularidad del cargo, del principio de primacía de la realidad, cuando hay funcionarios públicos que llevan mucho tiempo a contrata y honorario, cumpliendo una función permanente».
Por eso, expresó el DC que «el gobierno no tardó ni 24 horas en incumplir un acuerdo que había celebrado con la ANEF y la CUT. Por eso, no solamente como diputado del región, sino que también como jefe de bancada de los diputados de la Democracia Cristiana, comunico el acuerdo de no votar el proyecto de reajuste al sector público».
El diputado PC Daniel Núñez aclaró que «es un problema nacional grave, ya que tenemos más de dos mil despidos en las últimas dos semanas y en la región, hasta el día de hoy (ayer), llevamos 61, lo que nos tiene muy preocupados, pues se han vulnerado las normas básicas de la administración pública, en el caso de la seremía de Educación y de la Junji, por ejemplo, donde los despidos se han realizado por directores subrogantes que no tienen la atribución legal para hacerlo».
Además de exigirle al gobierno que se reviertan todos los despidos que se han producido hasta la fecha, aseguró que verán la forma de cómo ejercerán presión desde el Congreso.
Apuntó que «la bancada de diputados del Partido Comunista ha decidido que si esta situación no se resuelve, vamos a ver de qué manera en la votación del reajuste del sector público haremos presente nuestro malestar».
El socialista Raúl Saldívar manifestó que «estos despidos tienen ribetes de escándalo por el marco de irregularidades que se han observado en el proceso y por lo deshumanizado que ha sido al mismo tiempo no sólo por el impacto fuerte que tienen los propios trabajadores que han sido afectados, sino que por el menosprecio al sistema público. Así que esperamos que esto se revierta y no sólo por una determinación del propio ejecutivo, sino que también por los propios tribunales, por la contraloría, que son los recursos que se van a emplear y todos los medios que sean necesarios, legítimos evidentemente, para poder revertir este proceso».
Sostuvo también que «todas las bancadas de oposición están en absoluta disposición de apoyar a los trabajadores del sistema público en general y, por lo tanto, vamos a accionar de tal modo que ejerceremos todas las presiones que sean necesarias para revertir este proceso. Pero queremos denunciar este escándalo, puesto que probablemente constituya la racha más expresiva que ha ocurrido desde la recuperación de la democracia. Pero esto es propio del estilo de le derecha, en vista que tenemos una derecha patronal y prepotente».
A la entrega de la carta también llegaron los trabajadores del Mineduc que están en paro indefinido desde el 26 de noviembre. Luz Cabrera, presidenta de ANDIME Coquimbo, contó que «estamos luchando por nuestros compañeros que fueron desvinculados, todos de manera ilegal, ya que fue la seremi subrogante la encargada de notificar los despidos, no obstante ella firmó las cartas de notificación estando con licencia médica. Además, lo complejo son los argumentos que esgrimió el seremi saliente (Luis Tello) para notificar los despidos, faltando siempre a la verdad y que no responden a los argumentos que dio el gobierno para las desvinculaciones, las que son por malas calificaciones y cuando se terminan los programas, lo que en esta región no ocurrió en ninguno de los dos casos».
Por lo mismo, asegura que «en Santiago existe una mesa de negociación donde pedimos que se revisen los casos de nuestros compañeros despedidos y se habían comprometido en responder ayer (martes), pero al final nos pidieron dos días más para entregar una respuesta, así que seguimos movilizados y que se junta con el paro nacional de mañana (hoy) convocado por la Anef».
