El jueves 14 de enero, un escrito presentado ante la Corte de Apelaciones de La Serena por el abogado Esteban Vílchez Celis, relativo a la polémica causa judicial sobre denuncia de obra nueva, que enfrenta a pobladores de la localidad de Caimanes con Minera Los Pelambres (MLP), informaba lo siguiente: “Por el presente acto, vengo en asumir el patrocinio y la representación judicial en esta causa de don Marco Antonio Campos Castro, demandante (…) junto a don Cristián Flores Tapia y don Alfredo Gallardo Rojas, respecto de quienes también he asumido el patrocinio y poder”.
La presentación de Vílchez especifica que, según escritura pública de fecha 11 de enero, el propio Campos “ha revocado el patrocinio y poder conferidos en esta causa a todo abogado que anteriormente los haya tenido, en particular los Sres. Ramón Ossa Infante, Sandra Dagnino Urrutia y Roberto Arroyo Correa”, por pérdida de confianza “al considerar que no cumplen con la labor esencial de defender sus intereses y derechos, pues impulsan con gran ímpetu un acuerdo con Minera Los Pelambres que es claramente beneficiosa para esta última y perjudicial para los habitantes que firmen ese acuerdo”.
De este modo, el equipo de abogados de la firma Ossa y Cía., los mismos que, en octubre de 2014, lograron derrotar a la minera en la Corte Suprema –consiguiendo un dictamen condenatorio contra MLP, precisamente en este juicio–, quedaron excluidos de la causa.
Ossa y Cía. acompañaba a la comunidad de Caimanes desde el inicio de este proceso, en 2008, cuando presentaron paralelamente una denuncia por obra nueva y otra por obra ruinosa, ambas referidas al emplazamiento del tranque de relaves El Mauro, construido por MLP sobre el curso superior del estero Pupío, la principal fuente de agua dulce de esa zona de la comuna de Los Vilos. En el caso de la obra nueva, los firmantes de la denuncia eran Cristián Flores, Alfredo Gallardo y Marcos Campos.
Tras años de alegatos y recursos, el máximo tribunal resolvió en favor de los demandantes el caso de obra nueva, ordenando a la empresa devolver el escurrimiento natural del estero, ya fuese mediante un plan de obras que la propia minera tendría que proponer, o simplemente mediante la demolición del tranque, cuestión esta última que provocaría la paralización de la mina.
La causa de obra ruinosa, en tanto, se halla en espera de ingresar a la Suprema, luego de ser fallada por la corte serenense en favor de MLP.
Sin embargo, el proceso de diálogo entablado en agosto pasado entre la compañía y parte de la comunidad, con la intención de buscar una salida negociada a estos conflictos judiciales, puso en contra a Flores y Gallardo, por un lado, y a Campos y los abogados por otro. Los primeros rechazaron las conversaciones de plano; los segundos, las avalaron y participaron activamente.
El 30 de octubre pasado, Ossa y Cía. abandonó la representación de Flores y Gallardo, conservando sólo la de Campos. Ello les permitió seguir en el caso y participar en la audiencia del 25 de noviembre, ante la Corte de Apelaciones, en que las partes alegaron sobre la suficiencia del plan de obras elaborado por MLP para cumplir con el dictamen del máximo tribunal; luego, el 24 de diciembre, para la designación de un perito hidráulico, solicitado como medida para mejor resolver por parte del tribunal.
Para entonces, Flores y Gallardo ya contaban con Esteban Vílchez como su nuevo abogado. El mismo que ahora también representa a Campos.
El mismo día 14 de enero, en su última actuación en el caso, los letrados Ossa, Dagnino y Arroyo ingresaron a la corte serenense un documento que detalla la negociación que se sostuvo con MLP y el acuerdo que se alcanzó en ese proceso. Piden “tenerlo presente para todos los efectos legales”, bajo el entendido que la solución a la que finalmente se llegue para dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema no debiera ser menos que lo comprometido por la compañía en tal acuerdo.
