El objetivo, apuntaron, es exigir la reparación del daño medioambiental provocado y mejorar la calidad de vida y condición de salud de los habitantes.
El malestar es evidente, pero «nadie nace nada», dice Nelson Herrera, presidente de la Junta de Vecinos N° 15 de La Herradura. Y agrega: «Me sumo a esta preocupación y a la denuncia, respaldando a todos los vecinos, porque estamos preocupados desde el día viernes, cuando apareció este derrame en nuestra bahía de La Herradura. Pero también nos preocupa que pasen los días y todavía no tengamos una información precisa y técnica de la gobernación o de la capitanía de puerto acerca de lo que realmente ocurrió».
Dice que los vecinos se le han acercado y le han manifestado su preocupación, por eso advierte que «nos preocupa tanto a nosotros, los residentes de La Herradura, como también respecto al turismo. Sin embargo, las autoridades regionales no se ven preocupadas, ya que de las embarcaciones que ingresan a la bahía no se sabe qué botan en las aguas, y de Orizon desconocemos dónde va el derrame que hace día a día con su producción, lo mismo con la CAP. Entonces están todas esas empresas ahí, sacrificando nuestra bahía, y nosotros como residentes no tenemos una información técnica de parte de las autoridades».
Muy molesto se mostró Elías Marambio, dirigente de la pesca artesanal de la caleta de Coquimbo, quien apunta principalmente a la amenaza que representa el líquido derramado.
«Las autoridades nos dijeron otra cosa, pero nosotros tenemos un planteamiento claro de esto, y es un anticipo de lo que ocurrirá para la construcción de la TPC. Y no estamos en contra de la construcción, que quede claro, pero sí de la contaminación que pueda provocar en nuestra bahía, que es de subsistencia, donde tenemos área de manejo y donde todos los pescadores y buzos mariscadores subsisten de esta área, así que estamos muy preocupados con esta situación».
Desde 2011 que venimos con este tema, afirma. «Y esto reafirma nuestra postura y nuestra preocupación de proteger la bahía, por lo tanto alguien debe hacerse cargo de esta situación, puesto que hemos hablado con todas las autoridades, pero solamente nos han entregado calmantes, así que insisto: esto reafirma la contaminación que pueden provocar y que están provocando estos barcos que ingresan».
Ambos dirigentes llegaron acompañados del concejal Fernando Viveros y de Edgardo Fuentes, asesor medioambiental del diputado Daniel Núñez.
El concejal manifestó que esta querella se debe principalmente «porque no queremos que la bahía de La Herradura y el sector de Guayacán se conviertan en una zona de sacrificio. Hoy la actividad comercial y minera que existe en la bahía es totalmente irresponsable, botando residuos directamente en el fondo marino, así como hierro, contaminando el sector de Guayacán. Escuchaba a la gobernación marítima señalando que correspondía a residuos que botaban los mismos pescadores artesanales, entonces creo que hay que actuar con responsabilidad en lo que se opina y dice, dado que se sacaron las muestras y ni siquiera han salido los resultados. Así que llamamos a la autoridad marítima y también al gobierno municipal a que actúe de manera oportuna, y que puedan tomar medidas concretas en la defensa del medio ambiente y de los pescadores artesanales».
Edgardo Fuentes precisó que esta querella es por el «delito ambiental» y esperan llamar la atención de las autoridades, «porque hasta el día de hoy no han podido determinar de qué tipo de residuos estamos hablando y tampoco su origen. Y esta acción tiene que ver, además, en poder convidar a las autoridades, a la PDI, a que formen parte de esto».
