Las réplicas a la entrevista concedida por la gobernadora regional Krist Naranjo a LA REGIÓN no se hicieron esperar, y una de ellas llegó de parte de la dirigente de los funcionarios del organismo, Náyade Aguirre, quien afirma que «los dichos de la gobernadora son una calumnia y una injuria hacia los funcionarios del Gobierno Regional».
Las relaciones entre los funcionarios del Gobierno Regional de Coquimbo y la gobernadora Krist Naranjo, máxima autoridad de esa repartición, no pasan por los mejores días. Así quedó demostrado durante la semana luego que los funcionarios aprobaran una censura en contra de la presidenta Beatriz Hidalgo por su cercanía con Naranjo.
Además la gobernadora, en conversación con LA REGIÓN, afirmó que no existiría un mal clima al interior de la gobernación.
Náyade Aguirre, presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de los Gobiernos Regionales y ex tesorera de la Asociación Regional de Funcionarios, afirma que «me parece que los dichos de la gobernadora son una calumnia y una injuria hacia los funcionarios del Gobierno Regional. Ella habla de intervencionismo político interno, y en ese sentido me parece grave porque le pediría que aclarara cuáles son los actos de intervencionismo político, quiénes lo realizan y qué acciones ha hecho ella para impedir esto, porque la ley a nosotros nos impide como funcionarios públicos ejercer el tipo de acciones que ella manifiesta».
«Si estuvieran ocurriendo, ella como jefa de servicio está obligada a tomar medidas, por lo tanto no es llegar y decir que esto ocurre. Además, nuestra normativa, el estatuto administrativo, específicamente en el artículo 90, señala que los funcionarios tenemos derecho a ser defendidos y a exigir que la institución a la que pertenecemos persiga la responsabilidad civil y criminal de las personas que atenten contra nuestra integridad», añade.
Puntualiza en que «lejos de cumplir esta obligación de protegernos en caso que nosotros seamos calumniados e injuriados, es ella la que estaría realizando la acción. Por lo que me parece que sería muy responsable de su parte que lo aclarara porque es una acusación grave».
«Entiendo que la pregunta a la gobernadora se hace en base a una manifestación que se hizo afuera del edificio, en que estuvimos algunos dirigentes de la asociación base, de hecho de la directiva estaba yo solamente junto a la ANEF y funcionarios, y ahí lo que había era una manifestación luego de reiteradas solicitudes por escrito para que ella reconsiderara los despidos injustificados de nuestros colegas», comenta.
La dirigente aclara que «esa acción estaba muy lejos de tener una intervención política, tenía que ver con solicitar que se le devolviera el derecho al trabajo a los colegas que fueron despedidos de forma arbitraria e injustificada y fuera de toda normativa legal, ya que el contexto fue una reivindicación laboral».
«Además, encuentro que es una forma de no enfrentar una situación que es real, concreta e indesmentible, que es el mal clima laboral que tenemos. En ese sentido, fue por todos conocidos el caso el conductor que manifestó a su jefatura, pero se hizo público, de mal uso vehículo fiscal, a quien se le determinó una enfermedad laboral y por eso nuestro servicio fue sometido a una encuesta de clima laboral, en donde hemos tenido una serie de intervenciones de parte de la mutual», dice.
La dirigente dio a conocer que hay denuncias de mal trato y acoso laboral en el servicio, «ha habido sumarios por lo mismo, tenemos además, por ejemplo, que desde que la gobernadora asumió, de los seis jefes de división más el administrador, de ellos solo quedan dos, todos los demás han sido cambiados y en algunos casos están los funcionarios más antiguos del Gobierno Regional quienes están asumiendo sus funciones».
Agrega que «cuando a la autoridad se le pregunta por el clima laboral y dice que es un pequeño grupo que está señalando esto, creo que es una falta a la verdad ni está dando respuesta, a que si bien es cierto y nosotros lo comprendemos, es una situación interna, pero esto ya ha escalado públicamente».
Aguirre señala que lo más perjudicial para ellos en esta situación del clima laboral, es que el compromiso de los funcionarios como servidores públicos de dar pleno cumplimiento, «a pesar de las adversidades de las instrucciones de la administración, y eso no se destaca de parte de la gobernadora, que debería ser quien está obligada y tiene a su cargo el personal del servicio».
