Concluido el juicio, los Magistrados del Tribunal Oral de Ovalle condenaron a las profesoras C.A.R.R., y C.I.C.V., contratadas por el municipio de Combarbalá a una pena de multa de 3 UTM y a 41 días de cárcel remitida como autoras del ilícito de obtención fraudulenta de prestaciones consistente en un bono estatal de $4 millones pagado entre los años 2015 y 2017.
La prueba pericial testimonial y documental del Ministerio Público estableció que en el 2015 ambas docentes postularon al pago de un Bono de Reconocimiento Profesional, presentando al departamento de educación de la municipalidad un certificado de estudios adulterado de la Universidad de Playa Ancha del Región de Valparaíso, al que le fue agregada la palabra “presenciales” a las horas pedagógicas que cursaron.
Esa palabra “presenciales” fue añadida al certificado debido a que para acceder al bono los estudios cursados como capacitación debían ascender a 3.200 horas en esa modalidad, situación que configuró el delito de obtención fraudulenta de prestaciones que cometieron las docentes.
Además el Tribunal dispuso que una vez ejecutoriada la sentencia C.I.C.V. y C.A.R.R. deben cancelar $1.317.000 y $1.540.000, montos que comprometieron pagar al municipio de Combarbalá para reparar el mal causado.
