Los cerca de 30 funcionarios que trabajan en el colegio Guillermo Cereceda, ubicado en el sector de San Juan, Coquimbo, junto con el Colegio de Profesores, dieron a conocer una serie de situaciones que impiden el normal desarrollo de las clases. Al cierre de esta edición no fue posible obtener alguna declaración del Servicio Local de Educación Puerto Cordillera.
No todo ha sido lo ideal tras el retorno a clases presenciales, ya que docentes y asistentes de la educación del colegio Guillermo Cereceda, junto con dirigentes del Colegio de Profesores, enviaron una carta al Servicio Local de Educación Puerto Cordillera en donde enumeran una serie de problemas y deficiencias que repercuten en el normal desarrollo de las clases.
En primer lugar, denuncian que hay un menoscabo laboral y vulneración de derechos, que se evidencia en cambios repentinos y sistemáticos impuestos en horarios para funcionarios y estudiantes en menos de 20 horas, que afecta las dinámicas familiares de manera psicológica y económica.
Además de jornadas de trabajo con horarios extensos sin flexibilidad, «por lo que solicitamos implementar sistemas de turno y otorgar horarios que consideren igualdad de condiciones».
Uno de los aspectos que destacan es el trabajo con contaminación acústica, lo que afecta en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, desgaste vocal de los funcionarios, especialmente de quienes imparten las clases, lo que puede generar disfonía funcional. «Además, debido al ruido, los profesionales deben cerrar ventanas y puertas, lo que altera los protocolos COVID por una inadecuada ventilación», dicen.
Dieron a conocer también que desarrollan su trabajo con contaminación ambiental, producto de la remoción de escombros se produce polución en suspensión, lo que repercute en la salud de funcionarios y estudiantes. Además del desgate adicional de los auxiliares de aseo.
Otro de los aspectos que denuncian es la reducción de tiempos para protocolos COVID. Poco tiempo de sanitización, ya que sólo se consta de 3 funcionarios para realizar este proceso en periodos de 10 minutos, siendo inadecuado y precario, considerando la emergencia sanitaria.
Sin espacios adecuados para almuerzos, lo que conlleva a que solo algunos funcionarios, que viven retirados de su lugar de trabajo, puedan consumir alimentos dentro del establecimiento, mientras el resto de los funcionarios deben salir en un tiempo de 1 hora sin considerar trayectos ni gastos de locomoción.
«Manifestamos nuestra preocupación con la decisión arbitraria impuesta por nuestro empleador SLEP de retornar a clases en forma presencial, sin existir las condiciones de seguridad laboral e higiene para nuestros funcionarios y estudiantes», agrega la carta.
Al respecto, Tomás Alvarado, presidente del Colegio de Profesores de Coquimbo y Andacollo, comenta que «los profesores siguen en paro, están asumiendo toda la responsabilidad, es que no se puede trabajar con ruidos de construcción, con problemas de obstrucción del material, con ocupación de salas y la misma contaminación acústica».
«Lamentablemente no nos dejaron entrar a nosotros los dirigentes por decisión del Servicio Local Puerto Cordillera, tuvimos que hablar afuera con los profesores, a esto hay que ponerle un coto…», agrega.
En cuanto a una posible respuesta del Servicio Local, comenta que «recién dentro de 10 días se la dará a los profesores… La directora Ana Victoria Ahumada se apersonó, y dentro de las amenazas de tipo laboral les dijo que iban a ser esos días para resolver la problemática».
«Fuimos al lugar a ver lo que pasaba y a dialogar con Puerto Cordillera, y la directora informó que no nos dejaban entrar a los dirigentes territoriales», cierra.
