Docentes de todo el país se movilizaron para dar cuenta de la gravedad de la problemática. Al respecto, desde el gremio regional exponen que el recurso humano no da cabida para atender al alumnado que converge en una sola clase.
por Juan I. Herrera Carreño
A raíz de la agresión que sufrió una profesora en un colegio de Ñuble durante la semana pasada, nuevamente se han encendido las alarmas respecto a la violencia dentro de los recintos educativos del país.
Por ello, el Colegio de Profesores de Chile convocó a los docentes colegiados a una jornada de movilización para el pasado lunes, la cual contó con apoyo en diferentes regiones, y cómo no, en la región de Coquimbo.
Según comentó el presidente regional del gremio, Daniel Aguilera, «A nivel regional se definió hacer una jornada de plumones caídos, lo que tomó características diferentes en cada comuna».
De esta manera, mayoritariamente se generaron jornadas de reflexión que incluían a los diferentes actores de la comunidad educativa de cada recinto, así como otras actividades más lúdicas para entender la problemática. Incluso se registraron algunas marchas, como fue el caso de la comuna de Ovalle.
A su vez, la movilización utilizó diferentes fracciones de la jornada educativa; mientras que en algunos casos se limitó a actividades que interrumpieron las clases momentáneamente, otros cortaron totalmente las clases.
«Cada institución tomó determinaciones, como pasó en algunas que después de las 12 no siguieron las clases, otras que solo destinaron un momento a la reflexión», asegura Daniel.
Necesidad de cambios
Castex asegura que es necesario mantener el trabajo de sensibilización de la ciudadanía sobre la violencia en el aula, a lo que se debe sumar la ayuda de los padres para plantear el tema en cada hogar.
A su vez, expone que hay falencias legales que no permiten abordar situaciones de violencia, apelando a que los protocolos no parecen bastar. «Cada establecimiento educacional tiene un protocolo, los cuales hay que estar constantemente revisando, pero tampoco dan resultados».
Leyes sin recursos
En tanto, el presidente regional del gremio divide el problema de violencia en dos casos. En primer lugar, aborda la violencia ejercida por apoderados hacia los profesores, donde asegura que la Ley Karin, «en su apartado de violencia de trabajo por terceros ajenos al servicio, representa una herramienta eficiente para la protección a los docentes respecto a la violencia de los apoderados, junto al rol que puedan tener los protocolos internos, pero la ley permite restringir el acceso de los apoderados al establecimiento, entre otras cosas».
Por otro lado, cuando la violencia es ejercida por un alumno, «es un tema más profundo. Hoy día tenemos una escuela que en sí es violenta para muchos estudiantes y desde esa perspectiva, y creo que lo que falta son recursos», estipuló Aguilera.
Añade que, si bien la Ley de Inclusión y la Ley TEA son en principio beneficiosas para la integración en la educación, ambas «fueron leyes que vinieron sin recursos».
