Una situación habitual y que se da además en la región de Coquimbo, donde a la fecha van 14 extranjeros que se encontraban cumpliendo su condena en el recinto penal de Huachalalume y que accedieron a la Ley 18.216.
Ante la sobrepoblación carcelaria en Chile, que excede el ciento por ciento la capacidad de alojamiento, los indultos o conmutación de penas son una alternativa que hace rato se viene desarrollando en el país.
Y la región de Coquimbo no es la excepción, pues 14 extranjeros que se encontraban cumpliendo su condena en la cárcel de Huachalalume han sido deportados del territorio en lo que va del año, cifra similar a la alcanzada en 2021, con 19 migrantes, y 21 durante el año 2020.
Ayer, cerca de las 6:30 de la mañana, pisaba suelo colombiano el avión que trasladaba a los dos escoltas de la PDI con la persona expulsada, un sujeto de 25 años que cumplía su condena por tráfico de drogas, y hasta ahora el último exiliado. Según los antecedentes judiciales, este extranjero fue detenido portando alrededor de 8 kilos de ketamina a fines de marzo del año pasado en la localidad de Pozo Almonte, y condenado a pasar 5 años en prisión.
«Cuando una persona extranjera es detenida en territorio nacional por cualquier tipo de delito, tiene la posibilidad de acceder a lo que está preceptuado en la Ley 18.216 y que le permite conmutar la pena por la de expulsión del territorio nacional», cuenta el subprefecto Germán Cerda, jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de La Serena.
Sin embargo, agrega que la pena no tiene que ser superior a cinco años. De ser así, «si el ministerio público logra poner un acuerdo con la defensoría y lógicamente con el extranjero imputado, se realiza un procedimiento abreviado donde tienen que lograr que el juez de garantía dicte una pena no superior a los cinco años para que esta persona sea deportada del territorio nacional y no pueda regresar en diez años».
Explica que si se dicta la pena y accede a la expulsión, «se emite una resolución, la que se nos envía a nosotros como Policía de Investigaciones, específicamente al área de migraciones y Policía Internacional. Posteriormente se oficia al registro civil para que haga el canje penal, lo mismo que con el registro de ADN y con gendarmería, para que tenga a ese imputado presto para que, en cualquier minuto y previa coordinación, sea expulsado del territorio nacional».
En libertad
¿Una situación habitual? La verdad que sí, pues como reconoce el subprefecto Cerda, «muchas de estas personas tratan de acceder a esta ley porque prefieren la libertad y estar en su país, entonces, y entre comillas, son beneficiados con esta ley. Ahora, si la pena es superior a cinco años y un día, tiene que ser efectiva y cumplida en territorio nacional en la cárcel».
Lo curioso, sin embargo, es que esta persona al ser expulsada no cumple prisión en su país de origen.
«La pena fue impuesta en Chile y en su país no tiene nada que ver con la ley chilena, así que cuando sale esta resolución, nosotros dependemos de que el Ministerio del Interior compre los pasajes aéreos de la persona y de los dos detectives que la escoltan y acompañan hasta su país de origen, donde lo entregan a las autoridades y allí él queda en libertad. Ahora, si los extranjeros no cumplen esta regla y son sorprendidos nuevamente en el país, deberán volver a prisión a terminar de cumplir su condena en forma efectiva».
Si bien a la fecha van 14 extranjeros expulsados, comenta el subprefecto que «falta todavía por materializar otras de nacionalidad venezolana y colombiana donde, por temas de seguridad, no puedo decir la fecha, pero sí se van a expulsar del territorio nacional más colombianos y venezolanos, todos presos en Huachalalume».
Destaca que «sí existe un plan que lleva a cabo la PDI con el ministerio público y también con el Ministerio del Interior para poder materializar las expulsiones, y que es parte de la labor de la Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional de la PDI».
