En una nueva polémica se ve envuelto el Centro Deportivo y Recreativo (CENDYR) de La Serena, ubicado en la colina San Joaquín, luego que la Dirección Regional del Instituto Nacional de Deportes (IND) caducara la concesión que la empresa Inmobiliaria Pacífico S.A. mantenía en la piscina semiolímpica y el gimnasio número uno del recinto.
La concesionaria tomó a su cargo las instalaciones desde el 1 de noviembre del año pasado, producto de una licitación efectuada por la administración anterior, que encabezaba el entonces director regional del IND, Marco Antonio Sulantay. Sin embargo, según el administrador de la concesionaria, Iván Muñoz, el miércoles recién pasado las actuales autoridades les dieron un primer aviso que el contrato sería revocado, cuestión que se oficializó el viernes.
“Participamos de un concurso público, pasamos por Contraloría, para que durara tres años. Pero la nueva administración le puso término al contrato de manera abrupta y arbitraria, argumentando hechos administrativos que no son ciertos (…). Estamos entablando una demanda. Tenemos un contrato firmado con el Estado por la concesión y las nuevas autoridades están desconociéndolo”, señaló el personero.
Según Muñoz, durante sus meses de trabajo la empresa realizó “una inversión importante, más del 50% de lo que nos pedía el contrato, arreglamos baños, piscina, máquinas, etc.”. Sostuvo que lamentan no haber tenido oportunidad de despedirse de los usuarios del CENDYR, por lo que decidieron publicar una carta en su página de Facebook, en la cual se acusa al IND regional de actos de hostigamiento en su contra. “Lo vivido por esta administración está fuera de lo que una microempresa puede manejar y obedece a situaciones de revancha política o tal vez a intereses personales de las actuales autoridades”, señala la misiva.
Por su parte, el director regional del IND, Wladimir Pleticosic, a través de un comunicado de prensa, desmintió las acusaciones y declaró que “el convenio que se estableció en la administración anterior estipulaba un pago irrisorio por los dos recintos de características importantes, que para nada reflejaba los montos que se cobran en el mercado. Dentro de las indagaciones que hicimos y las conversaciones que sostuvimos con las asociaciones de natación y los deportistas, descubrimos que la administración no cumplía con los requerimientos que establecía el reglamento de piscinas”, agregando que “este cúmulo de situaciones, sumado al atraso en el pago del canon de administración, nos llevaron a tomar la determinación de finalizar el contrato”.
En la misma sintonía, el seremi de Deportes, Herman Osses, señaló que “acá hubo un incumplimiento de contrato grave y eso en cualquier parte del mundo no se puede permitir”.
Según el IND, la empresa pagaba sólo un costo mensual de 18 unidades de fomento (unos $ 433 mil) por administrar ambas instalaciones.
