Se establece que las adopciones ilegales estuvieron en el marco de acuerdos con el gobierno militar, quienes los usaban como canje para lavar su imagen internacional.
Para ella, y especialmente para su madre, es bastante difícil hablar de esta situación. «Es como de ciencia ficción, pero es cierto», cuenta Alicia Acuña.
Porque así como Alicia Galleguillos -su madre- busca a su hijo, que supone le fue usurpado en 1977 desde el Hospital de La Serena, lo propio hacen Raquel Rojas, María Toro, Silvia Muñoz y cientos de mujeres, no sólo en la región, sino que también en el país.
Fue en 2018 cuando el magistrado Mario Carroza sacudió al país al informar que hasta 20 mil adopciones de niños chilenos enviados al extranjero están bajo investigación.
Por eso la urgencia y preocupación. En la región nace la agrupación «Madres e Hijos se Buscan», que justamente busca y exige una investigación sería, que es la desaparición de sus hijos y hermanos de los hospitales, todos hechos ocurridos entre los años 1973 y 1990.
Hasta ahora pocas repuestas. Por eso la molestia de ellos, quienes hoy dicen que aparte de las miles de personas torturadas y desaparecidas durante la dictadura militar, «ahora se agrega otro hecho horroroso: la desaparición de miles de niños que fueron sustraídos y adoptados de manera ilegal en el extranjero», sostiene Alicia.
Esto, luego que en la semana saliera un reportaje publicado por el medio sueco Dagens Nyheter (Noticias de Hoy) que dio cuenta de una red ilegal de secuestro y adopción de niños durante la dictadura de Augusto Pinochet, que mediante la ayuda de una asociación de ultraderecha conseguía que el Centro de Adopción de la Sociedad Sueca para el Bienestar Internacional del Niño entregara información positiva sobre el régimen chileno a las familias que buscaban adoptar.
Dada la alarma que están provocando estos casos, la investigadora chilena Karen Alfaro demostró que hubo una operación que buscó congraciar a la dictadura pinochetista ante los suecos, mientras ésta proveía al país nórdico de al menos 1. 700 niños para ser dados en adopción.
Bajo este contexto, el sitio periodístico «Interferencia» replicó lo que salió en los diarios suecos, hoy un escándalo de proporciones en el país nórdico, toda vez que los grados de corrupción se elevaron al máximo, separando a familias sólo por el simple hecho de tener una situación económica precaria.
Ni siquiera ficha clínica
Hace diez años que las sospechas de padres, madres e hijos comenzaron a confirmarse. Muchas, eso sí, se quedaron con la versión del hospital, quienes les decían, sin ningún tipo de remordimiento, «que sus bebés habían muerto al nacer, pero nunca vieron sus cuerpos, o fueron testigos de su nacimiento», reconoce Alicia.
Con el pasar de los años, siempre con el dolor a cuestas, se fundaron otras agrupaciones a lo largo del país que comenzaron a buscar la verdad, aunque por la época cuando ocurrieron los hechos, las causas se derivaron a los ministros de las Cortes de Apelaciones, abocados a los Derechos Humanos.
Así comenzaron las diligencias por parte de la justicia. Las madres entregaban los antecedentes, aunque algunas de ellas no tenían ningún papel, ni siquiera una ficha clínica, «entonces es muy difícil llevar una investigación, porque lamentablemente no hay rastros de la existencia de ese niño o niña», cuenta.
Estas indagatorias dieron como resultado que se había articulado una red de corrupción en torno al tráfico de menores.
«Hubo hallazgos de documentos importantes que certificaban la complicidad de personal de las maternidades de los hospitales, del registro civil, del Sename… Pero por supuesto que los aludidos niegan todo. Cuando son interrogados no recuerdan nada y, hasta ahora, no han colaborado con la justicia», se queja Acuña.
Pero a pesar de todas estas dificultades, afirma Alicia que hay jóvenes que se han rencontrado con sus madres después de 40 años.
«Son 4 décadas en que a ese niño no se le ha dado derecho a la identidad y a vivir con su familia verdadera», apunta.
Realidad local
En la región también se registra una importante cantidad de casos de niños sustraídos de los hospitales o los hogares del Sename.
De hecho, fue en 2019 cuando «Madres e Hijos se Buscan» llegó hasta la Corte de Apelaciones de La Serena, junto al Instituto Nacional de Derechos Humanos, para interponer la demanda contra quienes resulten responsables por la desaparición forzosa de niños/as entre 1973 y 1990.
«Pusimos cinco querellas criminales por el delito de sustracción de menores. Esto en el ámbito de la necesidad de que se investiguen situaciones referidas a la sustracción de menores de edad en el contexto de los recintos hospitalarios de la región, pero también a la importancia de investigar y de dilucidar qué fue lo que pasó con estos menores y saber si existen responsabilidades estatales al respecto», recordó Acuña, hermana de Miguel, desaparecido en 1977.
Por eso, la investigadora chilena Karen Alfaro abre las esperanzas en estas madres y en Alicia Acuña, entendiendo que existe la voluntad por parte de Vicente Hormazábal, ministro en visita para causas por violaciones a los derechos humanos.
«Han pasado más de 40 años y muchos testimonios y documentos se han perdido. Pero esta investigación y el reportaje nos abre un camino y pensamos que por fin estamos más cerca del reencuentro que tanto aspiramos», afirma.
