La medida, que busca clarificar si las determinaciones del Primer Tribunal Ambiental evaden atribuciones del Comité de Ministros, ha sido calificada por el sector pro Dominga como una medida dilatoria y esperada del Gobierno.
La última votación del Comité de Ministros, que nuevamente rechazó el proyecto Dominga, ha generado diversas repercusiones. En primer lugar, tras las reclamaciones de Andes Iron, el Primer Tribunal de Antofagasta anuló la sentencia del comité, por no cumplir con los parámetros que el mismo ente estableció en la orden de votación.
De esta manera, atribuyó al Servicio de Evaluación Ambiental la misión de dictar un acto administrativo en dicha sentencia para ajustarla al cumplimiento de la orden emitida el 31 de diciembre de 2024.
Como si fuera poco, el primer tribunal se inhabilitó para tramitar los recursos que se podrían presentar, derivándolo al Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, junto con desestimar que el comité se vuelva a pronunciar, evitando una nueva votación.
En tal escenario, que deja al proyecto en buen camino para su concreción, este lunes el gobierno, por medio de su vocera subrogante, la ministra Aisén Etcheverry, adelantó que presentarán un requerimiento de contienda de competencias ante el Tribunal Constitucional.
Según explicó la ministra (s), «esta acción lo que busca es clarificar cuáles son los ámbitos de competencia, entendiendo desde el Ejecutivo que el fallo invade atribuciones que son privativas del Comité de Ministros y, por tanto, es el Tribunal Constitucional quien tiene que definir cuál es la interpretación correcta respecto de las atribuciones del Comité de Ministros en esta materia».
Sumando que, según interpreta el Ejecutivo, «el fallo estaría invadiendo competencias que son atribuciones exclusivas del Comité de Ministros y, por lo tanto, el Tribunal Constitucional es el organismo competente para establecer esa interpretación de manera definitiva y a eso responde el requerimiento».
Un movimiento esperado
Sin hacerse esperar, Andes Iron aseguró que lo anunciado por el Gobierno «representa una nueva maniobra dilatoria, dado que no existiría conflicto real de competencias».
En la misma línea, Fernando Roco, abogado de la Asociación Comunal de La Higuera, asegura que era uno de los escenarios previsibles, aludiendo a que el gobierno desde el minuto uno ha transparentado postura. «Por lo tanto, que el gobierno mantenga su planteamiento y emplee todas las herramientas legales para sostener este rechazo no nos llama la atención».
Respecto a las determinaciones del Primer Tribunal Ambiental, el abogado asegura que es un intento de «ir cerrando esta famosa espiral interminable, lo que a nosotros nos tiene bastante contentos».
Si bien Roco estima que una negativa del TC aportaría a este cierre de puertas para el comité, esto tampoco será definitorio, ya que «todo está en manos de la Corte de Apelaciones, que tendrá que definir si confirma o no el criterio del tribunal ambiental en cuanto a si cumplió o no el Comité de Ministros».
A su vez, la Corte Suprema «tiene en sus manos definir si es nula o no la sentencia emitida en el mes de diciembre, que es lo más relevante».
Con tales instancias, aun a la espera, asegura que el requerimiento presentado por el Gobierno este lunes «es una arista, una ramita de un tronco mucho más grande, en donde el gobierno, que no está de acuerdo, va a dilatar y entorpecer el proceso. A esta altura es una raya más en el agua», ante lo cual asegura que desde la vereda que espera la aprobación de Dominga, «vamos a seguir y tengo certeza de que vamos a salir adelante».
En tanto, mientras se mantenga la suspensión de la última resolución del Comité de Ministros, el permiso ambiental del proyecto minero-portuario sigue vigente y en posición de ejecutar el proyecto, por lo que Andes Iron solicitó al SEA la modificación del estado del mismo a «aprobado».
