Un verdadero remezón para el curso de las causas judiciales que enfrentan al Comité de Defensa Personal de Caimanes, en la comuna de Los Vilos, con Minera Los Pelambres (MLP), significó la exclusión del estudio legal Ossa y Cía. de la tramitación del caso por denuncia de obra nueva, actualmente radicado en la Corte de Apelaciones de La Serena.
Tal como informaran la semana pasada Semanario Tiempo y Diario La Región, a partir del 14 de enero el bufete santiaguino perdió la representación del demandante Marco Campos, el último que aún le mantenía el patrocinio y poder. Todo como consecuencia de que los abogados Ramón Ossa, Sandra Dagnino y Roberto Arroyo, integrantes de Ossa y Cía., participaron y promovieron activamente las negociaciones sostenidas entre agosto y diciembre de 2015 entre MLP y la comunidad de Caimanes para alcanzar un acuerdo y terminar con los juicios, cuestión que primero les acarreó la pérdida de confianza de los también demandantes Cristian Flores y Alfredo Gallardo, y finalmente, el repudio de Campos.
Lo irónico de la situación es que Ossa y Cía. fue el mismo estudio que logró la resonante victoria sobre MLP en la Corte Suprema, en octubre de 2014, por la cual el máximo tribunal ordenó a la empresa devolver el escurrimiento natural del estero Pupío, ya fuese mediante un plan de obras que la propia minera tendría que proponer, o de lo contrario, si la propuesta resultara insuficiente, mediante la demolición del tranque de relaves El Mauro. El plan fue rechazado en primera instancia por el Juzgado de Letras de Los Vilos y es por ello que ahora se encuentra en revisión por la Corte de Apelaciones, cual recientemente designó a un perito hidráulico para mejor resolver.
Dagnino lamenta la situación y asegura que esta no fue una decisión libre por parte de Campos. “Sabemos que Marco fue objeto de bastantes presiones. Él no se comunicó con nosotros ni antes ni después de la revocación. Sabíamos que estaba siendo presionado, en la comunidad eso era vox populi”,dice.
La letrada defiende la validez del diálogo que se sostuvo con MLP y del acuerdo al que se llegó. “Se inició un proceso público, que contó con la participación de todos los que quisieron estar, y a partir de la opinión de todos se buscó soluciones que permiten el cumplimiento pronto de un fallo que ha tardado más de un año” en ejecutarse, recuerda.
En seguida, arremete contra Flores y Gallardo: “La comunidad está instando al cumplimiento de cuestiones relacionadas con agua y seguridad. Los demandantes han pretendido imponer sus condiciones y su opinión por sobre una mayoría importante de comuneros. Caimanes ha padecido de este dolor durante bastante tiempo; la mejor solución era que el mismo Caimanes decidiera cómo resolver esta situación. Los demandantes sobrepusieron sus intereses económicos. Aquí se ha luchado ocho años por una cuestión prioritaria y a eso estamos obligados; si esto fuera una cuestión meramente económica, no habríamos arriesgado
