El 14 de noviembre pasado, el Ministerio del Interior pidió a la fiscalía que se hagan diligencias “para establecer si de las imágenes obtenidas en la cámara usada por Carabineros existía algún otro tipo de respaldo, aparte de la tarjeta de memoria destruida”.
Se trata de una pieza clave en la investigación por el delito de obstrucción a la investigación en el asesinato del comunero Camilo Catrillanca. La solicitud es parte de una de las tres querellas presentadas por el Ejecutivo y ocurre luego de que el general director de Carabineros, Hermes Soto, enviara un oficio al ministro Chadwick notificándole que “el sargento segundo Raúl Ávila Morales habría faltado a la verdad, en el sentido de que sí portaba una cámara al momento del procedimiento y cuya tarjeta de memoria la habría destruido con posterioridad a los hechos”.
El sargento Raúl Ávila aseguró que destruyó la tarjeta de memoria tras cortarla con una tijera. El uniformado argumentó su acción asegurando que quería proteger las imágenes personales que se encontraban en el dispositivo.
Otra información clave apunta a que sería al menos cinco los impactos de bala al tractor en el que se movía Catrillanca al momento de recibir el disparo. Todavía falta determinar si existen más impactos en la máquina. Al respecto, el gobierno pidió “realizar pericia balística de trayectoria, a fin de precisar qué presunto tirador podría ser el que efectuó el disparo a la víctima en su cabeza, tomando en especial consideración la trayectoria intracorpórea del proyectil en la víctima, conforme su autopsia”.
