Se trata de una medida de tránsito que obliga a los detenidos a pernoctar en el recinto penitenciario con condiciones diferenciadas y de separación con el resto de la población penal
Durante este sábado se llevó a cabo la continuación de la audiencia de formalización de los 14 imputados (13 en la región de Coquimbo y uno en Ancud) que han sido capturados por el caso de fraude al fisco por más de 750 millones de pesos en la corporación municipal Gabriel González Videla de La Serena.
Si bien la instancia originalmente buscaba establecer las medidas cautelares para los imputados y el plazo de investigación, ante la decisión de casi la totalidad de imputados de realizar declaraciones individuales, los temas centrales del día se retomarán el próximo lunes en una nueva audiencia.
Antecedentes del caso
El fiscal a cargo de la causa, Carlos Vidal, volvió a reiterar los hechos previos a las audiencias que hoy se generan, destacando que se basan en «querellas interpuestas el año 2022, el arribo de un informe de la Contraloría General de la República el año 2024 y una serie de medidas de información de bancos y otras autorizadas por el tribunal».
En consecuencia, se determinó la detención de 22 involucrados, logrando ejecutar 14 de ellas, mientras que 8 siguen siendo buscados por las policías al ser partícipes de la actividad ilícita, que según explica el fiscal del caso, «consiste en obtener ilícitamente recursos municipales mediante la simulación de personas insertas en la corporación y de esta manera obtener recursos de quienes no prestaban servicios. Los fondos eran triangulados y reinvertidos en serie de sociedades expuestas en la audiencia».
¿Avance o atraso?
Luego de que, en la primera audiencia del caso, realizada el viernes pasado, algunos imputados decidieran declarar, en la segunda instancia de este sábado, se sumaron más declaraciones, a través de las cuales «reconocieron algunos totalmente su participación respecto a relación con otros imputados que facilitaron, permitieron o reclutaron para realizar la actividad y otros han intentado desvincularse mediante su declaración de los hechos», aseguró el fiscal Vidal.
A su vez, Carlo Silva, abogado defensor de parte de los imputados, junto con aclarar que la decisión de declarar es un derecho al que pueden optar los imputados en cualquier momento del proceso, responde a la idea de «intentar colaborar con la investigación, reconocer su participación, la de terceros y esto, obviamente, en aras y con el objetivo de intentar que el fiscal pondere si va a pedir prisión preventiva para todos o va a considerar esta actitud colaborativa para poder eventualmente aplicar medidas cautelares de menor intensidad, como un arresto domiciliario total».
Justamente, la determinación de las medidas cautelares, que debería haberse definido este sábado, tuvo que ser aplazada hasta el sábado, debido a que la gran cantidad de declaraciones no permitió ejecutar el plan inicial.
En consecuencia, los imputados permanecerán el fin de semana en un estado intermedio, privados de libertad, pero con un trato diferenciado, a la espera de la determinación de medidas cautelares del día lunes.
«Es una condición bastante ambigua porque nuestra ley no lo trata, porque la condición de detenido ya se extinguió cuando llegaron al tribunal y la condición siguiente es la medida cautelar que no se ha decidido todavía. Entonces estamos en una condición de tránsito con destino penitenciario Huachalalume, donde deberían ser tratados en estas condiciones de tránsito y no mezclados con el resto de la población penal».
