Diputados y senadores de distintos sectores dieron a conocer su opinión sobre este inesperado avance que presentó la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, quien solicitó fijar una audiencia de formalización por delitos de presunto fraude al fisco a los implicados en el caso.
Por: Valentina Echeverría O.
Luego de casi cinco años sin novedades por fin se solicitó que se fije una audiencia de formalización por los presuntos delitos de fraude al fisco en el denominado Papaya Gate, que remeció a la región de Coquimbo cuando salió a la luz en septiembre del año 2020.
La supuesta venta con sobreprecio es investigada, por designación del ex Fiscal Nacional Jorge Abbott, por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, quien no quiso esta vez entregar declaraciones hasta que no se fije una fecha de audiencia.
De hecho, consultada por Diario LA REGIÓN en su oportunidad, la propia persecutora admitió que ha iba priorizando sus labores sin dejar de lado el caso de La Serena, pero sí poniendo el acento en otros que han requerido, por diversas circunstancias resolverse con mayor premura.
Llega tarde
El escenario que involucró al Gobierno Regional durante la administración de la exintendenta Lucía Pinto (UDI), una de las involucradas, gira entorno a la compra irregular de terrenos en La Serena, que en un principio estaban tasados en 4 mil millones, pero luego sobrepasó ampliamente este valor llegando casi a los 10 mil millones de pesos, lo que generó una investigación del Ministerio Público.
Tras la designación de la fiscal de Valparaíso para liderar la investigación, esta ha avanzado lentamente, lo que ha generado preocupación entre parlamentarios y otros actores políticos, como en más de una oportunidad la lamentado el diputado Ricardo Cifuentes.
Y esta vez no fue la excepción, por cuanto el parlamentario de la DC fue tajante en su opinión, y puntualizó que «la formalización que ha solicitado la Fiscalía de Valparaíso llega tarde, creo yo, pues son más de cuatro años los que han transcurrido y, además, sin ninguna novedad porque las personas involucradas son las mismas. Es un caso que nos avergüenza como región».
Aseveró que la justicia «cuando no es oportuna deja de ser justicia y nosotros vamos a seguir planteando que esto se debe tratar con mayor agilidad, porque no solo hay que castigar a quienes cometieron estos ilícitos probables, sino que hay que transmitir una señal a la sociedad de que este tipo de hechos no se tolera y eso en este caso ha sido débil».
Desde otra perspectiva, el senador de Demócratas Matías Walker quiso ser claro en sus dichos, señalando que «es importante entender lo que es una formalización y también que la presunción de inocencia es un principio que siempre debe respetarse ya que, esta solicitud presentada tampoco significa una condena anticipada».
Por lo tanto, «todos los que han criticado a la fiscal regional, yo creo que se apresuran en sus juicios, porque estas cosas no pueden funcionar según las presiones políticas, sino que conforme el avance de la investigación», enfatizó.
Sobre precio
En la misma línea, Juan Fuenzalida, diputado UDI, expuso que «es bien curioso que, habiendo transcurrido tanto tiempo, justo ahora la Fiscalía haya decidido solicitar audiencia de formalización. En segundo término, hoy solo conocemos que se solicitó la audiencia de formalización sin conocer los fundamentos o argumentos en virtud de los cuales se funda esta solicitud. Creo que hay que tener todos los antecedentes a la vista para poder tener mayor claridad.», agregó.
Mientras que Daniel Núñez, senador PC, valoró esta solicitud, expresando que le parece «excelente que por fin veamos una posibilidad de que exista justicia en el fraude al fisco más grande en la historia de la región de Coquimbo, donde el Gobierno Regional de Sebastián Piñera, encabezado por la exintendenta UDI Lucía Pinto y su administrador regional José Cáceres, insistieron en comprar terrenos en el sector oriente de La Serena a pesar de ser advertidos que existía un sobre precio en estos».
A juicio del senador, esta solicitud de formalización «es una señal importante para el combate a la corrupción y espero que el proceso ahora se acelere y tengamos penas ejemplares para quienes malversaron recursos de todas y todos los habitantes de la región», afirmó.
Desde el Gobierno Regional, su actual gobernador Cristóbal Juliá aseguró «esta es una decisión que está radicada en la Fiscalía de Valparaíso, por lo que no nos corresponde intervenir ni emitir opiniones sobre procesos judiciales en curso. Respetamos las instituciones y confiamos en que los hechos se esclarezcan a través de los conductos regulares establecidos por la ley».
Entre los implicados, además de Pinto, Cáceres y Bracchitta, acusados por presunto fraude al fisco consumado previsto y por cargos de autor del delito tributario previsto, se encuentran Lorenzo Iduya, Nicolás Bakulic, Karim Daire y Manuel Daire.
Diario La Región se comunicó con Enrique Labarca, abogado del exadministrador regional, pero este declinó referirse al tema.