Más de una semana ha pasado desde que los locales del centro Bar Buda y Shopería Andrea Latina, dejaran de vender bebidas alcohólicas, ya que perdieron su patente de alcoholes que el concejo comunal no quiso renovar en la sesión del 19 de julio producto de las observaciones de carabineros y las denuncias que mantenían al interior del local.
Una situación que constantemente mantiene dividido el voto del concejo municipal por los criterios que se utilizan para evaluar esta situación, la que actualmente considera la aprobación local de la Dirección de Obras Municipales, la opinión de la junta de vecinos y el informe de Carabineros.
Criterios que para Carlos Brito, presidente de Barrio Patrimonial Sur, hay que mejorar, ya que se requiere involucrar a otros actores importantes en la toma de decisiones, como la PDI, que investiga los delitos de tráfico, la que tampoco es consultada, así como la cámara de comercio, seguridad ciudadana, los estamentos de aseo y residuos, quienes podrían entregar informes para que los concejales tuvieran un mejor escenario sobre las patentes que aprueban.
«Nosotros esperamos que haya un control sobre el tipo de patente y las patentes que se entregan, tanto las nuevas como las que ya funcionan, así como hay dos locales que no cumplían los estándares, los nuevos emprendedores que quieren instalar locales con patentes de alcoholes y los actuales debieran seguir los estándares. La idea es que nos escuchen a los vecinos organizados, a los locatarios, las juntas de vecinos, la cámara de comercio, entre todos nosotros nos apoyamos y sabemos a quién apoyar y a quién no».
Con respecto al tiempo de renovación de patentes que se realiza cada seis meses señaló que estaba bien ese plazo para la renovación, sin embargo «lo que no debiese ser es esperar la renovación de patente para actuar sobre algunos locales que actualmente pudieran generar algún problema con los vecinos».
Sobre el rechazo de las patentes de alcoholes de los dos locales, Brito manifestó que «si hay locales que la autoridad tenía información de que había denuncias y que no ocurre lo adecuado o hay delincuencia, nosotros nos alegramos que la autoridad actúe y que actúe en consecuencia y no solo una o dos veces al año, a nosotros nos gustaría que la autoridad, tanto Carabineros, la Municipalidad, seguridad ciudadana, la Intendencia, el Gobierno Regional también actúen y se hagan cargo de los problemas que señalan los vecinos. Nosotros esperamos que esto sea una lección para el resto de los locatarios y que nos alineemos y trabajemos de acuerdo a lo que esperamos, que sea un barrio seguro, bonito, tradicional, familiar, que sea de día y de noche y que no esté estigmatizado.»
El dirigente que asumió la presidencia del gremio en enero de este año comentó a La Región que el objetivo de los 200 locatarios que representa era re lanzar el centro, por lo que han estado trabajando de forma unida para elevar los estándares y así entregar mayor seguridad y limpieza de la ciudad.
«Lo que nosotros queremos y aspiramos es a potenciar el barrio, para potenciar turísticamente la región y que mejore desde el punto de vista comercial y ofreciéndoles una alternativa mejorada a la familia, al transeúnte que viene a los servicios públicos, a quien viene de compras al centro y al turista local, nacional e internacional, bajo esa lógica nosotros aspiramos que esté limpio, que este bello y por supuesto que este seguro de día y de noche».
Absolutamente de acuerdo. Las instituciones pertinentes deben cumplir sus roles y funciones.
Deben dejar el “amiguismo” y actuar conforme al espíritu de las normas.
Si estas normas no dan cuenta de las necesidades actuales debido al contexto, variables e indicadores, naturalmente,deben ser modificadas.
Toda la comunidad rechaza los “tugurios” del sector.
La comisión debe ser modificada y en ella deben participar todas las instituciones vinculadas al desarrollo local sostenible y sustentable.