Hasta el lunes por la tarde la posibilidad era latente. Otro grupo de imputados por tráfico de drogas, asociación ilícita y lavado de activos seguirían los pasos de los seis que se presentaron voluntariamente ante la justicia. Sin embargo, al ver que fueron llevados al penal de Huachalalume para cumplir la prisión preventiva, se replantearon sus intenciones, ya que, pese a que se dijo que obedecía a un hacinamiento en el CDP de Limarí, otros detenidos de ese día se quedaron allá, y, por otra parte, funcionarios del recinto de la capital regional han dicho que es una «olla a presión», por lo que no se explican la determinación tomada por Gendarmería.
El lunes fueron seis integrantes del presunto clan familiar ovallino, imputados por tráfico de drogas, asociación ilícita y lavado de activos, que se entregaron voluntariamente ante la justicia. Esto luego que la Corte de Apelaciones de La Serena revocara la determinación del magistrado Luis Muñoz Caamaño, del juzgado de Garantía de Ovalle, quien liberó a los 23 detenidos previo pago de una caución de dos millones de pesos. El tribunal de alzada acogió la solicitud de la fiscalía y ordenó la prisión preventiva de 22 de los 23 integrantes de la organización, haciendo la excepción con una mujer quien mantiene un embarazo de seis meses, quien debería trasladarse hasta el Hospital a cumplir con la medida cautelar, pero todavía no se presenta.
Intenciones frustradas
A los seis que se entregaron, se suma el detenido del domingo y otra detenida con anterioridad en Guanaqueros, comuna de Coquimbo, quedando todavía por encontrar a 15 personas. En este sentido, el abogado Carlo Silva, cuyo estudio representa a 12 de los imputados, había asegurado que dentro de la semana tendríamos novedades, es decir, que podrían existir más entregas voluntarias, ya que sus clientes habían llegado a la misma conclusión a la que arribó la familia de Patricia Aranda, sindicada como una las líderes del clan, que ayer se presentó en el tribunal junto a sus hijas, hermanos y cercanos.
De hecho, entre los que habrían estado cerca de acatar lo ordenado por la Corte, estaría Johan Pérez, alias «El Talento», conocido comediante que triunfó en la televisión hace algunos años y que ahora es sindicado como principal líder de la banda. Pero las intenciones tanto de él como de los demás que pensaban en la entrega, se frustraron cuando se dieron cuenta que los trasladarían a La Serena, en una situación que para ellos se tornó inexplicable y que los alejaría de sus familias.
Cuestionan hacinamiento
Según se informó en la misma jornada del lunes, los detenidos no fueron dejados en el recinto penal de Ovalle, sino que debieron ser trasladados hasta Huachalalume, en la capital regional. El motivo que se esgrimió fue el hacinamiento que existiría en Limarí, pero las defensas y los familiares de los imputados no dieron crédito a la explicación. De hecho, una de las hermanas de Patricia Aranda señaló que se debía a un ensañamiento que existiría con los implicados, ya que ese mismo día ingresaron a prisión en Ovalle imputados por otros casos y no hubo ningún problema.
«Para mi familia es muy complejo el escenario actual. Las limitaciones de distancia, monetarias, cuando no existía razón para moverlos, nos parece injusto, porque si se revisa, todos los detenidos de ese día y los días previos, se mantuvieron en Ovalle. Incluso la niña que habían detenido en Guanaqueros, que estaba en Ovalle, ahora también fue trasladada a Huachalalume, y la orden de traslado ni siquiera la dio el alcaide, sino que vino del director regional de Gendarmería. Es puro ensañamiento», indicó la familiar de una de las supuestas líderes.
Dándole vueltas al tema
Guillermo Pérez, hermano de Johan Pérez, supuesto líder del clan, remarca que es más complejo para su hermano tener que permanecer en La Serena, con menos posibilidades de ser visitado y alejado de su entorno inmediato. Por este motivo, su entrega se estaría retrasando, ya que debe «darle otra vuelta al tema».
La determinación habría sido de Gendarmería, ya que inicialmente se había ordenado la detención en el CDP de Ovalle, tanto por la Corte de Apelaciones, lo que fue ratificado por el juzgado de Garantía limarino.
El abogado Carlo Silva tampoco da crédito a la tesis del supuesto hacinamiento, por lo que presentará una cautela de garantías para que se les respete el derecho a estar en el recinto más próximo a su domicilio, para que tengan contacto inmediato con su familia.
«No hay aquí ni siquiera un argumento de peligrosidad, porque todos mis defendidos tienen irreprochable conducta anterior. Pediremos que se les retorne a Ovalle, porque vamos a demostrar también que ese mismo día, los días anteriores y los días después, han ingresado detenidos a prisión preventiva en el penal de Ovalle, entonces aquí existen otras razones», remarcó el abogado defensor.
