Esto, luego que se conociera que Pablo Herman, ex seremi de Obras Públicas, declarara que en 2018 fue llamado por la entonces intendenta Lucía Pinto y el senador Gahona, para evitar que la empresa del ex administrador regional, José Cáceres, fuera sancionada.
Una denuncia en el Ministerio Público que puede revestir carácter de delito, concretamente a un presunto tráfico de influencias, interpuso ayer por el senador Daniel Núñez en contra de la ex intendenta Lucía Pinto y todos quienes resulten responsables.
Esto, luego que el ex seremi de Obras Públicas, Pablo Herman -en calidad de testigo ante la Fiscalía-, declarara que en 2018 la entonces intendenta le habría solicitado dejar sin efecto una multa contra Feedback, empresa fundada por José Cáceres, ex administrador regional y principal imputado en el «Papayagate».
A juicio del parlamentario comunista, estos hechos, «donde se nos dice que Lucía Pinto llama a su subordinado de Obras Públicas para que no le curse unas multas a esta empresa, es un acto de corrupción y un delito, ya que corresponde a tráfico de influencias, y ninguna autoridad puede beneficiar a un tercero o privado, tratando que no se juegue el rol que corresponde a los organismos públicos».
El senador cree que el Ministerio Público no solo debe investigar esta situación, sino también citar a declarar a Lucía Pinto, «y que se indague a todos los eventuales responsables, toda vez que en Chile tenemos que poner término a cualquier caso de corrupción y más aún en la región de Coquimbo».
No tiene dudas en afirmar que esto «constituye una nueva arista» del caso conocido como «Papayagate», investigación que continúa sin formalizados, y «que se siga instalando este clima de impunidad, es negativo para la sociedad y daña profundamente la democracia».
La denuncia es concretamente contra Lucía Pinto, por ser la superior jerárquica del seremi de Obras Públicas, «además de tener la responsabilidad política, administrativa y penal en este sentido», y también contra todos quienes resulten responsables, entre ellos el senador Sergio Gahona, quien habría realizado una llamada similar al ex seremi.
«A juicio nuestro, vuelven a aparecer los mismos personajes, y me parece grave que estos antecedentes no hayan sido considerados, pues estaba en la declaración de Pablo Herman en la Fiscalía y creo que cuando uno está ante la evidencia de que se cometió un delito, la justicia debe actuar, porque acá existe una falta evidente, que es tráfico de influencias».
Prescripción
Lo cierto es que a partir de la investigación del «Papayagate», nombre que surgió tras el presunto delito de fraude al fisco en la Intendencia, dirigida entonces por Lucía Pinto (UDI) después que adquiriera un terreno por 9.800 millones de pesos, aun cuando su tasación apenas superaba los 4 mil millones, surgieron estos «nuevos» antecedentes, y lo que se está buscando «es que precisamente se investigue y, reuniéndose los antecedentes respectivos, que se apliquen las sanciones que correspondan, que es adicional a la investigación central, que continúa y que esperamos vaya avanzando», aclara el abogado patrocinante Luis Acevedo.
Buscan, además, que se apuren los procesos, porque los plazos de prescripción siguen corriendo, «pues hay que considerar que cuando son delitos cometidos por funcionarios públicos, estos tiempos comienzan a correr una vez que cesan en el cargo», precisa el profesional.
El punto positivo, sostiene, es que todavía queda un cierto plazo, pequeño, «y por eso la premura para que la Fiscalía pase a formalizar las investigaciones y no prescriban los delitos que se están investigando».
DOS PERSONAJES
Hasta ahora, Acevedo argumenta que siguen siendo dos los personajes claves en este proceso.
«José Cáceres, personaje que tenía negocios con las inmobiliarias que nunca transparentó y que hace todo para beneficiar a sus socios, y por otro lado es muy evidente la responsabilidad que tiene Lucía Pinto, como máxima autoridad en ese minuto y que, al parecer, estaba favoreciendo a la empresa del señor Cáceres, ¡y eso está claro! No obstante, ahora aparecen otros nombres y debe aclararse para saber quién dice la verdad…».
La demora en la investigación dice que es una respuesta que debe entregar la perseguidora regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, designada para el caso por el entonces fiscal nacional Jorge Abbott, aunque sí cree que existe una crisis en la justicia.
«El caso de Luis Hermosilla demuestra una serie de situaciones irregulares, además de lo que está ocurriendo hoy con estos detenidos de narcotráfico en Ovalle, donde uno ve que la justicia no actúa con el celo, premura y el rigor que se exige. Me sumo a los dichos del Presidente Gabriel Boric, cuando dice que queremos una justicia que sea firme y de mano dura con la delincuencia y la corrupción».
